La perversa lotería de los secuestros en Venezuela trastoca, con cada vez más frecuencia, la cotidianidad de las familias, a consecuencia de una orden dada directamente desde el Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia, que impide al Cicpc, la principal policía de investigación criminal del país, actuar para desmantelar las bandas dedicadas a cometer este delito, y que operan en zonas del Área Metropolitana de Caracas.
“Los funcionarios no están resolviendo los casos de secuestros porque les ordenaron dejar sin efecto cualquier investigación de las bandas que operan en las ‘zonas de paz’, a pesar de que están plenamente identificados los delincuentes que cometen el delito y hasta los vehículos que utilizan. Cuando los casos se resuelven es porque la familia de la víctima paga”, afirmó el comisario Sergio González, exjefe de la División Antiextorsión y Secuestros de la policía científica.
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