Pese al balazo que supuso la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que anuló la Ley de Amnistía, bajo el alegato que era inconstitucional porque promovía “una impunidad escandalosa”, la oposición no tiene la intención de enterrar a su principal oferta electoral y está evaluando las vías que le permitan resucitarla.
Juan Francisco Alonso / Diario Las Américas
Desde la Asamblea Nacional diputados como Edgar Zambrano hablan de convertir al instrumento en un decreto y así aprobarlo, sin que tenga que pasar por las manos del Jefe del Estado ni de la Sala Constitucional; mientras que desde el ámbito jurídico constitucionalistas como José Vicente Haro proponen al Parlamento que someta su propuesta a referendo.
“La Constitución le da a la Asamblea Nacional la potestad de decretar amnistías (numeral 5 del artículo 187) y nosotros pondremos a la bancada de la Unidad que se transforme la ley en un decreto”, afirmó el presidente de la Comisión de Defensa y uno de los principales promotores de la iniciativa que busca excarcelar no solo a opositores como Leopoldo López o el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, sino cerrar las causas contra los más de tres mil procesados por protestar en 2014.
La magistrada emérita del TSJ, Blanca Rosa Mármol de León; y el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela, Luis Herrera Orellana, no le auguran mucho recorrido a esta propuesta. ¿La razón? “La Sala Constitucional igualmente puede revisar ese decreto y anularlo como hizo con la ley, porque todo acto del Poder Público está sometido a control judicial”, afirmó la primera, mientras que el segundo agregó: “Los decretos son actos típicamente del Poder Ejecutivo, los parlamentos dictan leyes”.
Preguntar al pueblo
Por su parte, el constitucionalista Haro propuso a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) someter al referendo la Ley, advirtiendo que la tesis del decreto también podría ser bloqueada por el TSJ.
“Hay algunos pasajes de la sentencia que anuló la Amnistía en los que la Sala Constitucional establece que este tipo de medidas de gracia solamente se pueden aprobar mediante una ley, que sea producto de un proceso de formación de leyes con dos discusiones y consultas públicas”, dijo, al tiempo que agregó: “Yo creo aunque soy partidario de que la AN puede decretar amnistías creo que ahora conviene más someterla a referendo, para que sea el pueblo el que tenga la última palabra”.
La Constitución, en su artículo 74, prohíbe que sean sometidas a referendos abrogatorios el presupuesto nacional, los tratados internacionales de Derechos Humanos y las amnistías. Este tipo de referendos lo que buscan es anular leyes aprobadas, pero la Carta Magna no dice nada de proyectos de ley de amnistía.
“La Amnistía es hoy un asunto de trascendencia nacional y yo creo que es mejor que el pueblo tenga la última palabra con respecto a ella y no siete señores que tienen el cargo de magistrado, algunos de los cuales no tiene las credenciales para ocupar esos puestos”, argumentó.