El desacuerdo de los poderes con el Parlamento venezolano ya es barajita repetida, pero el pasado 11 de febrero, en favor de los intereses del pueblo, hubo consenso. Se aprobó por unanimidad en primera discusión la Ley de Bono de Alimentación y Medicación para Jubilados y Pensionados, publica Versión Final.
Rubenis González/Foto: Javier Plaza
La dicha duró poco, en la discusión final el desacuerdo recobró protagonismo, aunque por mayoría opositora la norma fue sancionada el pasado 30 de marzo.
El Bloque de la Patria se abstuvo de emitir un voto que contrarrestara la posición del presidente Nicolás Maduro, quien rechazó la primera aprobación por unanimidad y sentenció: “Con la caída del precio del petróleo, bono para cestaticket y medicinas a pensionados no será posible”. Lo irónico resulta que los diputados aliados al Gobierno, conocían desde la primera discusión –que aprobaron– el cálculo del impacto económico.
Las deudas del Gobierno venezolano son indiscutibles, por ello, el economista Gustavo Machado retomó la propuesta de recurrir a organismos internacionales para solucionar desde la deuda externa, así como las fallas internas del país: “Los dólares hay que venderlos en el mercado paralelo y con esos recursos es más que suficiente, no solo para atender a los jubilados y pensionados, si no para disminuir el financiamiento del BCV al Estado. Y al contar con fuentes de ingreso distintas a las del BCV, eso reduce la inflación”.
En caso de no buscar apoyo internacional, a juicio de Machado, el Gobierno siempre tendría la posibilidad de darle vida a la norma para los abuelos, pero con vías de financiamiento menos beneficiosas tanto para los jubilados, como para la economía del país. “El Gobierno podría darle la orden al BCV que emita más dinero para enfrentar el compromiso, cuáles serían las consecuencias, que con una mano estarías dando el beneficio, y con la otra estarías generando las condiciones para que aumente la inflación”, visualizó Machado.
La propuesta de generar más impuesto para la empresa privada fue rechazada por el experto en macroeconomía, “si tenemos poca producción y van a colocar más impuestos, nadie querrá venir a invertir. Cuando tienes una situación de recesión, no es conveniente crear más impuestos”.
Lo más sano
El presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Social de la AN, diputado Miguel Pizarro, señaló: “Con el excedente presupuestario del ISLR, la reorientación de ese gasto imperioso y grosero que se hace en marchas políticos, propaganda, viáticos y privilegios, y la reorientación del gasto absurdo en compra de armamento en tanques de guerra, misiles y aviones, no solo habría plata para cubrir los jubilados y pensionados, habría para un programa de alimentación escolar digno, para discutir contratos colectivos del sector público, mejor que como se está discutiendo hoy en día y habría dinero para mantener un esquema de subsidio y estimulo a la pequeña y mediana industria”.
Ante esta propuesta de Pizarro de tomar el excedente de lo recabado por impuestos en el Seniat, Machado la leyó con más aceptabilidad. Así como también consideró viable reafirmar partidas y disminuir el gasto militar para invertirlo en el bono para los abuelos, “el Gobierno podría recortar el número de ministerios, son acciones que le den más sencillez a la administración pública, sin crear problemas en la economía”.
El poder
Para el analista político Ricardo Lobo, la inversión social fue la “gran obra de Chávez”, pero a raíz de la crisis económica, es difícil que Maduro pueda mantenerlo, situación que a juicio de Lobo, aprovechó la oposición para tomar como bandera la iniciativa política.
El también presidente de la fundación Renovando Esperanzas explicó que el ciudadano podría interpretarlo como que el Gobierno no quiere ayudar, pero en realidad existe es “una guerra de disputas, de quien evita perder el poder de la agenda política, por encima de la agenda económica”.
José Mendoza, presidente del Observatorio Político Venezolano, insistió en los acuerdos entre las dos partes, más aún cuando se trata de leyes sociales. Mendoza catalogó la norma como un aspecto de “justicia social”, aunque asegurara que la misma “terminará reforzando la política social del Ejecutivo”.