Hay ultractividad en el juzgado federal de Claudio Bonadio . El juez y su equipo trabajan a marcha forzada preparando el casi seguro procesamiento de la ex presidentaCristina Kirchner , indagada acusada de haber ordenado hacer operaciones de venta de dólar a futuro, a sabiendas de que iban a ser ruinosas.
Por Hernán Capiello | La Nación (Argentina)
El objetivo es llegar a concluir el escrito a fines de esta semana, pero es posible que haya alguna demora de último minuto, por lo que nadie arriesga un pronóstico firme sobre cuándo ocurrirá.
Cristina Kirchner fue indagada el 13 de abril y, tras un breve paso por el juzgado, usó su presencia como imputada en los tribunales para un relanzamiento político con un multitudinario acto, en el que buscó posicionarse como líder opositora.
Bonadio sospecha, a esta altura de la causa, que Cristina Kirchner cometió el delito de fraude, al indicar que se hagan operaciones con el dólar en el mercado de futuro a un precio bajo, que tras la devaluación iba a obligar al Estado a pagar la diferencia entre el valor real y el del billete al momento del cierre del contrato. Por eso, indagó al ex titular del Banco Central Alejandro Vanoli, a sus directores y al ex ministro Axel Kicillof.
La defensa de los imputados es que el Banco Central es autónomo y no depende del presidente, que el perjuicio económico lo provocó el macrismo al devaluar, que en última instancia es una decisión de política económica ajena a la Justicia y que no hay ninguna evidencia de que la entonces presidenta haya dado esa orden.
La estrategia judicial kirchnerista fue recusar a Bonadio. El juez ya rechazó ese pedido para apartarse y en la semana habrá una audiencia en la Cámara Federal, que decidirá si lo deja o lo saca del caso. Lo más probable es que lo confirme, como ya lo hizo ante un planteo anterior de otro imputado, Pedro Biscay, integrante K del directorio del Banco Central. Además, el kirchnerismo denunció al juez ante la Justicia por no evitar el perjuicio económico y ante el Consejo de la Magistratura, por dictar resoluciones contrarias a la ley y abusar de su autoridad.
Paralelamente, legisladores del Frente para la Victoria denunciaron al director del Banco Central, Federico Sturzenegger, y su equipo. Los acusan de haber pagado los contratos tras la devaluación.
Esa causa tramita en el juzgado de Sergio Torres y el fiscal Jorge Di Lello ya avanzó imputando a Sturzenegger y al propio Bonadio. Torres, hasta el viernes, no había tomado ninguna medida de las que pidió Di Lello. La sospecha de los que investigan a Cristina Kirchner es que busca abrir esta causa para preconstituir pruebas y usarlas en su defensa, además de buscar interferir en el expediente principal para bloquearlo.
Los fundamentos
Más allá de estas especulaciones, Bonadio trabaja en la argumentación que sostiene la imputación.
Cuando indagó a Cristina Kirchner. le hizo saber que la acusa de integrar un grupo de personas que realizó estas maniobras. La ex presidenta se victimizó y dijo que buscan detenerla al imputarle pertenecer a una asociación ilícita.
No es ésta la figura legal por la que investigan a la ex presidenta, que aparece más cerca del fraude o la administración infiel. Para el juez, la operación no pudo concretarse sin contar con la decisión expresa de Cristina Kirchner y las máximas autoridades del Ministerio de Economía, ya que la operación financiera carecía de toda razonabilidad económica.
Por ello, los indagó por “formar parte de un grupo de funcionarios que de manera sistemática, concertada y organizada llevaron adelante diversas acciones de carácter políticas y técnico administrativas, que habrían resultado en una violación directa de las competencias y atribuciones de sus cargos”.
Esas operaciones, según el juez, se concretaron “en condiciones dañosas para el erario público, ya que entre septiembre y noviembre de 2015 se vendieron contratos de dólar futuro por parte del BCRA a valores inferiores al precio de mercado con conocimiento e intención, que provocaron cuantiosas pérdidas para el Estado nacional”.
El monto del perjuicio que Bonadio dijo que se le causó el Estado es de 17.000 millones de dólares.
Al no haber una orden ejecutiva directa, publicada, conocida por parte de la ex presidenta para tomar esta decisión, en el juzgado trabajan sobre una construcción lógica para demostrar la indicación presidencial y sostener el procesamiento.