En segundo lugar, es notable el deterioro de la libertad sindical consagrada en la Constitución, y que se traduce no solo en la persecución de la dirigencia sindical en algunos sectores, como el siderúrgico, sino también en los condicionamientos y requisitos que para su creación se establecen en la actual Ley del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT), una de las “obras maestras” de la última presidencia de Chávez en materia de legislación social. De modo que desde que se constituye el sindicato hasta que el Ministerio del Trabajo le da su visto bueno, puede transcurrir hasta más de un año; lapso que puede aumentar si al final de todo el proceso, el órgano laboral respectivo le hace, como casi siempre ocurre, observaciones, en su mayoría arbitrarias, que solo son subsanables, a veces, si se sigue el criterio del funcionario de turno.
Además, en la LOTTT, se introdujeron regulaciones y figuras que merman las competencias de la acción sindical y debilitan su funcionamiento,
Si a todo esto le agregamos que desde el principio de su gobierno, Chávez se propuso dividir el movimiento sindical existente, creando nuevas centrales obreras y comprando dirigentes sindicales, tenemos que la dirección adonde apunta todo ello, es muy clara: resquebrajar las estructuras de la organización sindical, impedir su crecimiento y sustituirlas por otras formas menos centralizadas, sin personalidad jurídica, y políticamente más controlables, esto es, por los comités o consejos laborales, anunciados en la LOTTT, pero sujetos a una legislación especial que afortunadamente aún no se ha dado.
En tercer lugar, tendría que señalarse el deterioro, en todos los sentidos, debido principalmente a la deteriorada situación económica que nos rodea, que ha sufrido la contratación colectiva, uno de los mecanismos de negociación, sino el mejor, para alcanzar beneficios salariales y laborales, de común acuerdo entre empresa y trabajadores. Por eso, la peor parte la sufren los trabajadores del sector público, donde negociar verdaderamente, mejores condiciones de trabajo, a través de una convención colectiva, se hace muy cuesta arriba, por no decir imposible. Basta con tener en cuenta que en la mayoría de los institutos autónomos, empresas y entes del estado, en general, la gerencia y dirección ha estado militarizada, y que los sindicatos donde aún existen, responden más a intereses patronales, del gobierno, que a otra cosa.
Aunque no nos engañemos, la principal causa de que esto suceda, está en la voluntad déspota y autoritaria del gobierno, de desconocer la Contratación Colectiva como fórmula para mejorar las condiciones salariales y laborales de sus trabajadores, prefiriéndose la imposición que conlleva el decreto, como instrumento para incrementar el salario o el bono de alimentación.
Claro que de un tiempo a esta parte, los trabajadores del Estado, el principal empleador del país, reciben por otra vía, beneficios tales como la adquisición a precios irrisorios de productos de línea blanca, alimentos y aun automóviles. Pero en realidad, se trata de una práctica excluyente, discriminatoria, con el resto de los trabajadores del país; porque más que reivindicaciones laborales son prebendas proselitistas, con las que se trata de mantener una adhesión política o al menos electoral.
Con una situación como la descrita anteriormente, que se puede resumir en falta de políticas salariales donde participen todos los sectores involucrados como lo son trabajadores, empresarios y gobierno; un sector sindical disperso y muy debilitado; una contratación colectiva que vive su peor momento como consecuencia de la grave crisis económica del país y una moneda que no vale nada frente a la dolarización que han sufrido los bienes y servicios, el panorama que se le presenta a los trabajadores venezolanos es muy triste.
Después de los gobiernos de Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera, se puede afirmar que en materia laboral no hay nada nuevo bajo el sol. Los aportes del “socialismo del siglo XXI” allí, son inexistentes. Tanto Chávez como por supuesto Maduro, han aplicado repetidamente, hasta el cansancio, la receta del salario mínimo con el congelamiento de los precios de determinados productos de primera necesidad, algo que copiaron de la IV República; al igual que copiaron la fórmula de la inamovilidad laboral que tiene su origen en el Decreto-Ley “Contra despidos Injustificados” de Carlos Andrés Pérez, así como del cesta ticket o bono de alimentación, que proviene del segundo gobierno de Caldera.
Ideas que mejoren esto, o nuevos mecanismos que los sustituyan o brinden nuevas alternativas socioeconómicas a los trabajadores, ninguno. La única diferencia con el pasado, es que la aplastante realidad económica actual acabó con la sostenibilidad de los precios regulados y de los salarios mínimos, que ahora mismo se han convertido en precios regulados por la fuerza del dólar y de la inflación, y en salarios de hambre. Mientras que la inamovilidad laboral ya no sirve de nada, ante la inexistencia de políticas de empleo y principalmente del crecimiento, aupado por el propio gobierno, de la economía informal, sector al que se han pasado muchos trabajadores de empresa, seducidos por los beneficios que produce el “bachaqueo” o estraperlo de alimentos regulados.
El próximo 1 de Mayo, fecha en que se conmemora internacionalmente el Día del Trabajador, será en Venezuela simplemente eso, un recordatorio de las luchas sociales libradas por la clase obrera en otras latitudes. Por qué, lo que es aquí, en este país, no hay nada que celebrar.
@xlmlf