Gonzalo Himiob Santomé, miembro de la directiva de Foro Penal Venezolano (FPV) rechazó que el Poder Judicial se dedique a la persecución política en lugar de atender sus deberes con respecto a la inseguridad ciudadana. “En materia de homicidios, según las cifras oficiales, Venezuela supera el 95% de impunidad. Tenemos una institucionalidad que no se ocupa de hacer su trabajo por la ciudadanía, sino de proteger al poder. Esto representa una grave situación en materia de derechos humanos”.
Señaló que en lo que va de año 2016 se han documentado al menos 73 casos de linchamientos. “Esto se debe a que los ciudadanos están cansados a la falta de respuesta por parte de las autoridades, por lo que están recurriendo a mecanismos propios del estado de naturaleza, de la lucha de ‘todos contra todos’, de ‘la ley del más fuerte’, para protegerse, desconociendo y deslegitimando no solo a la misma autoridad, sino siglos de civilización, siglos de vigencia de estado de derecho, siglos de vigencia de los límites entre lo que está bien y lo que está mal. Por eso la situación de los Derechos Humanos está en estado crítico”.
Durante el foro “Derechos Humanos en América Latina. Evolución y Perspectiva de las Garantías Constitucionales de la Región”, el director de Foro Penal, ONG que participó en el evento celebrado este jueves en la Universidad Central de Venezuela (UCV) junto al Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez Icaza, señaló que en Venezuela los tribunales, la policía y los fiscales se ocupan de lo que no deben, de neutralizar a la disidencia y a la oposición. “Mientras tanto, la grave impunidad que reina le está mandando a la delincuencia verdadera un mensaje terrible: Ser delincuente es un buen negocio. Si asesinas, y solo existe un poco menos de un 5% de posibilidades de que te condenen, el mensaje que está enviando la autoridad es que ser delincuente sí funciona”.
Himiob Santomé puntualizó que esto es, en parte, porque la justicia venezolana solo se ha dedicado a “desarticular a quienes disienten del gobierno, judicializando la política y convirtiendo a los tribunales en armas de intolerancia”.
En su ponencia, el también profesor universitario le informó al portavoz de la CIDH que el gobierno venezolano actualmente tiene 81 presos políticos, de los cuales 23 presentan graves problemas de salud. “De estas personas privadas de su libertad, algunas han recibido tratos crueles e inhumanos, otras padecen enfermedades que derivan de su encierro, pero no han recibido atención médica necesaria a pesar de las constantes solicitudes que desde el Foro Penal se han realizado ante los tribunales”.
En la mira de la CIDH
Por su parte, Álvarez Icaza en su paso por Venezuela en visita académica, aclaró que “si el gobierno no desea estar en la mira de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entonces deberá salirse de la Organización de Estados Americanos (OEA). Sin embargo, dudo que lo hagan, su canciller (Delcy Rodríguez) se encuentra actualmente en Washington (EE.UU) asistiendo a reuniones con este organismo”.
Asimismo, desmintió la tesis del Ejecutivo Nacional en la cual “la CIDH actúa sesgadamente contra Venezuela”, y señaló que “cada vez que el organismo internacional emite alguna resolución a favor de presos políticos Venezuela exige la no intervención en los asuntos internos alegando el tema de soberanía. La mayoría de casos los casos que manejamos en la Comisión corresponden a Colombia (367). Sigue Perú (275) y Argentina (274).Venezuela aparece en los últimos puestos con apenas 64 casos admitidos. El año pasado (2015) se remitieron 14 casos a la Corte Interamericana en los cuales determinamos que hubo violaciones de derechos humanos, y solo uno es venezolano, que es el caso de Linda Loayza López”.
El portavoz del organismo internacional agregó que en lo que va de 2016, la CIDH ha llevado a la corte 4 casos, y solo uno es de Venezuela referente la Lista Tascón. “Sabemos que hay violaciones de derechos humanos en Venezuela y por eso en los últimos 13 años, su país aparece en la lista de países que merecen especial atención de nuestros informes”, dijo.
La actividad, que se llevó a cabo en el auditorio de la Facultad de Ingeniería de la UCV, también contó con la participación del Coordinador del Centro de DDHH de la UCV, Padre Rául Herrera, el abogado Jesús Ollarves y el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de la UCV. Hasler Iglesias. Entre los presentes también se encontraban abogados miembros de FPV : Alonso Medina Roa (Directivo), Fernando Ovalles (Coordinador Caracas), Raquel Sánchez (Coordinadora Táchira), Olnar Ortíz (Coordinador Amazonas), Luis Armando Betancourt (Coordinador Carabobo), María Fernanda Torres, Jeannett Prieto y Juan Carlos Herrera (equipo Caracas), quienes tuvieron la oportunidad de intercambiar palabras con el representante de la CIDH.