Luis Barragán: De la (otra) privatización de las cárceles

Consabido, el problema carcelario en Venezuela ha llegado a niveles inauditos. Por estos años, surgió la inédita figura del pran y la consiguiente pranización del sistema, fenómeno que sólo se explica al trascender las paredes de los establecimientos; se dijo suficiente el parto de sendos eufemismos (“privados de libertad”), como si bastara para esbozar una política pública; trasunto de aquél ejército industrial de reserva, la ironía apunta a un enorme depósito del sector más empobrecido, desescolarizado y hasta pigmentado de la población; e, incluso, siendo tan incapaz el Estado de garantizar la vida misma de los reclusos, presumiendo las facilidades que expone un recinto específico, no es aventurada la admisión de un amparo constitucional para evitar la pena de muerte, prohibida desde el siglo XIX.

En la última década y media, agudizada una gravedad que lo delata, el gobierno ha permitido y auspiciado la privatización ilegítima de las cárceles, con el tejido de los más sucios intereses que, a lo sumo, le contenta administrar. Existe una innovada gerencia delictiva que las tiene por epicentro y sobre la cual, que sepamos, no tuvo tiempo de reflexionar Elio Gómez Grillo, un meritorio experto ideológicamente afín, aunque significativamente ignorado y desechado.

Cierto, el asunto tiene aristas universales, pero nuestro país ha contribuido con la novedad de un contexto de descomposición ética y política que muy bien se expresa dentro o fuera de las rejas. Por ello, lucen insuficiente cualesquiera medidas parciales, interesadamente localizadas y de talla testimonial, pues – valga la recurrente sentencia quis custodiet ipsos custodes? – urge una diferente y real política pública que comprometa a los expertos, profesionales formados por décadas y relegados a otros quehaceres.

Somos partidarios de una legítima privatización del régimen o sistema carcelario del país que, sin pérdida alguna de la tarea, orientación y supervisión que le corresponde al Estado, permita al sector privado de la economía – nacional y transnacional – incursionar en un ámbito que urge de soluciones de largo y profundo alcance. Salvo mejor opinión, legos en la materia, además, los concesionarios contribuirían a reactivar a un sector de especialistas, aún en otros ámbitos como el deportivo, capaces de idear fórmulas de regeneración del delincuente con un parecido empeño al del sacerdote católico o el pastor evangélico que todavía se atreve a pisar el laberinto del suplicio.

Considerada la experiencia de otros países, evaluada las condiciones y posibilidades, el planteamiento – por cierto, autorizado por el constituyente de 1999 – merece del estudio, profundización y una muy concreta propuesta de la Comisión de Asuntos Penitenciarios de la Asamblea Nacional. Por lo menos, otro será el destino de ese enclaustrado ejército y el de sus familiares.

@LuisBarraganJ