El Senado estadounidense adoptó el martes un controvertido proyecto de ley que autorizaría a las víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001 a iniciar acciones judiciales contra Arabia Saudita por su supuesto rol en los hechos. El texto amenaza con desatar una crisis diplomática.
EFE
Los senadores aprobaron por unanimidad el texto, que debe ahora ser evaluado por la Cámara de Representantes, también de mayoría republicana, pero cuyo presidente, Paul Ryan, ha expresado sus reservas.
La Casa Blanca indicó en varias ocasiones que el presidente Barack Obama, que visitó Riad el pasado abril en un contexto de tensión, se opuso a la ley para no crear un precedente en el que los Estados pudieran ser demandados.
“Esta ley cambiaría el derecho internacional tradicional en el sentido de la inmunidad de los Estados. Y el presidente de Estados Unidos sigue temiendo que esta ley haga al país vulnerable en otros sistemas judiciales alrededor del mundo”, reiteró el martes Josh Earnest, portavoz de la Casa Blanca.
Earnest explicó que, con Estados Unidos involucrado en el extranjero “más que ningún otro país en el mundo”, sobre todo en las operaciones de mantenimiento de paz y humanitarias, el cuestionamiento del principio de inmunidad podría hacer que numerosos estadounidenses corrieran riesgos, así como también países aliados.
Esta ley permitiría a las familias de las víctimas de los atentados del 11/9 demandar al gobierno saudí para obtener indemnizaciones, si se comprueba su responsabilidad. Pero ninguna implicación de Arabia Saudita resultó probada hasta ahora, si bien 15 de los 19 secuestradores de los aviones eran saudíes.
Zacarias Moussaoui, el francés condenado por vínculos con los atentados del 11 de septiembre y apoado el “vigésimo pirata del aire”, había asegurado a abogados estadounidenses que miembros de la familia real saudí aportaron millones de dólares a Al-Qaida en los años noventa.
Esa afirmación fue inmediatamente desmentida por la embajada de Arabia Saudita.
Según el New York Times, el ministro saudí de Relaciones Exteriores, Adel al-Jubeir, advirtió a los diputados en Washington el pasado marzo sobre posibles represalias si el texto era aprobado, en particular la venta de 750.000 millones de dólares de bonos del Tesoro y otros activos estadounidenses.
Paul Ryan, presidente de la Cámara, no parecía convencido de someter el texto a votación. “Debemos examinarlo para estar seguros de no cometer errores con nuestros aliados”, advirtió en abril.
Los dos candidatos a la investidura presidencial demócrata, Hillary Clinton y Bernie Sanders, apoyaron por su parte el proyecto de ley, promovido por el senador demócrata Chuck Schumer y su par republicano John Cornyn.