El presidente Nicolás Maduro puede seguir decretando estados de excepción, incluso el de conmoción interna que anunció el miércoles, sin contrapeso institucional alguno. Y eso es así porque el 11 de febrero el Tribunal Supremo de Justicia cambió las reglas del juego a favor del gobierno al invalidar el control político de la Asamblea Nacional.
Edgar López / El Nacional
Para los constituyentes Ricardo Combellas, Ernesto Alvarenga, Antonio Di Giampaolo y Alberto Jordán, el abuso de los estados de excepción por parte de Maduro no tienen nada que ver con esfuerzos sinceros para superar la crisis económica. Aseguran que, en forma fraudulenta, esconden su temor de ser defenestrado del poder mediante un referéndum revocatorio.
Esta semana Combellas, Di Giampaolo, Alvarenga y Jordán solicitaron formalmente al TSJ que los oiga. Con el peso específico que les confiere haber sido redactores de la Constitución, sostienen que este nuevo gesto de genuflexión del Poder Judicial ante el Ejecutivo acarrea los mismos peligros que en 1989 desencadenaron en el Caracazo.
Contra los excesos
Combellas recuerda que el primero en referirse a los estados de excepción en el seno de la Asamblea Nacional Constituyente fue Eliézer Otaiza: “Hizo un planteamiento que le confería un poder casi absoluto al presidente de la República. Por supuesto, esa primera propuesta fue rechazada, porque el debate que hubo entonces estaba impregnado de la necesidad de evitar tragedias como la del Caracazo. En definitiva, se dio un consenso casi unánime sobre la conveniencia de afinar los controles, para impedir excesos durante los estados de excepción. Y el principal control se atribuyó a la Asamblea Nacional, habida cuenta de su integración amplia y plural”.
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