Luego de conocerse la sentencia emanada por el Tribunal Supremo de Justicia, en la que se prohíbe cualquier tipo de manifestación pública, la Asociación de Concejales por Venezuela consideró la medida un “juego político” que favorece al presidente de la República, Nicolás Maduro.
Nota de prensa
Omar Villalba, vocero de la Cámara del municipio Baruta, condenó el hecho y afirmó que desde el Poder Judicial se coarta el derecho al libre tránsito que tienen los ciudadanos. En este sentido, atribuyó el fallo a una retaliación política que busca retrasar el proceso del referendo revocatorio.
Cabe recordar que el TSJ convocó a la Fuerza Armada Nacional y a la Policía Nacional a impedir los actos no autorizados, marchas, protestas, concentraciones no permisadas y manifestaciones violentas, convocadas por las organizaciones políticas y civiles.
“Nosotros hemos asistido a todas las oficinas regionales del Consejo Nacional Electoral para pedir respuesta sobre las firmas recabadas para activar el proceso del revocatorio presidencial. Sin duda esta medida es una retaliación política”, afirmó Villalba.
El acuerdo nacional de rechazo fue aprobado por unanimidad en la Cámara del Municipal de Baruta. “Nosotros solicitamos celeridad en el proceso. El CNE nos pidió recabar el 1% del padrón electoral en un plazo de 30 días. Sin embargo, superamos la cifra en un plazo no mayor a 48 horas”, insistió el vocero.
A juicio del dirigente político el “Tribunal Supremo se quitó la careta y se colocó al margen de la ley” pues, la sentencia va en contra del derecho constitucional a exigir un proceso electoral establecido en la Carta Magna. “No hay duda de la falta de legalidad, no que llama la atención es la jugada política que realizan”, recalcó.
Desde las diferentes Cámaras Municipales del país se ha suscrito el acuerdo sin embargo, se espera que en las próximas horas sea la Asamblea Nacional se pronuncie al respecto.