La Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional acordó solicitar a Fedecámaras, Conindustria y Consecomercio información relativa a las empresas que solicitaron y recibieron divisas preferenciales a través de los distintos mecanismos controlados por el Gobierno nacional, a los fines de profundizar en la investigación sobre el saqueo cambiario sufrido por Venezuela.
Nota de prensa
El Presidente de la instancia parlamentaria, Diputado Freddy Guevara, informó que se solicitará a los representantes de las distintas cámaras, gremios y sectores productivos privados el listado de las empresas que recibieron aprobación de asignación de divisas preferenciales que se encuentran pendientes de liquidación, con el objeto de determinar el destino de esos fondos públicos.
“Debemos saber qué pasó con ese dinero público que fue prometido por el Gobierno: si se desvió para otros fines, desapareció de las cuentas o nunca estuvo disponible, lo que constituiría el delito de indebida planificación. Agradecemos no solamente la asistencia de los representantes del sector empresarial del país, sino la información suministrada y su colaboración con los distintos requerimientos que hemos hecho desde la Comisión de Contraloría para determinar el destino del dinero de todos los venezolanos. Venezuela sufre hoy la peor crisis de su historia gracias al saqueo que una cúpula corrupta”, enfatizó.
Guevara indicó que también se pedirá a los representantes del gremio empresarial la estructura jerárquica de cargos, áreas operativas y funcionarios responsables de las distintas etapas del proceso de solicitud, aprobación y liquidación de divisas, para analizar el entramado burocrático de la estructura del control de cambio vigente en el país. Igualmente, se solicitará al gremio el listado de empresas que solicitaron divisas preferenciales, ante la negativa del Poder Ejecutivo de suministrar los nombres de las empresas de maletín involucradas en irregularidades.
Agregó el parlamentario que se solicitará la comparecencia de los representantes de la Asociación Bancaria de Venezuela ante la Comisión de Contraloría, para que suministren información sobre las solicitudes realizadas por empresas a través del sistema financiero.
El Presidente de Fedecámaras, Francisco Martínez, señaló que 80% de las líneas de producción del sector privado están paralizadas por falta de materia prima e insumos: “No hay divisas ni para importar ni para pagar deudas. La situación es grave. El control de cambio ha sido el arma política del gobierno, ya que es el Ejecutivo el que decide quién recibe las divisas. Los empresarios no recibimos ni un solo dólar de lo que solicitamos a través de Cencoex. Es el Banco Central de Venezuela el que cancela directamente a los proveedores internacionales de materias primas”, precisó.
Por su parte, el Presidente de Conindustria, Juan Pablo Olalquiaga, ofreció detalles sobre la deuda que el Gobierno mantiene con los distintos sectores productivos del país: “Al sector se le deben cerca de 1.640 millones de dólares; al gremio farmacéutico cerca de 700 millones de dólares. Con el sector de telecomunicaciones la deuda asciende a cerca de 700 millones de dólares, y al de autopartes 400 millones de dólares. En total, al sector de industrias nacionales se les debe aproximadamente 12 mil millones de dólares”.
Entre tanto, el Coordinador Sectorial de Consecomercio, José Cinnirella, reiteró la petición del sector comercial de derogar el control de cambio vigente en el país desde 2003: “La crisis no se solucionará mientras existan esos mecanismos que tienen asfixiada a la economía nacional”.
Reforma de la Ley Orgánica de Contraloría
El Diputado Guevara también fijó posición con respecto a las declaraciones del Contralor General de la República, Manuel Galindo, quien consideró inconstitucional el proyecto de reforma de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.
En este sentido, rechazó las graves e irrespetuosas acusaciones emitidas por el Contralor, así como sus pretensiones de obstaculizar y limitar las labores legislativa y de control de la Asamblea Nacional, estipuladas en la Constitucional Nacional, además del intento de imputar responsabilidad individual al proponente de la reforma, calificándolo como una amenaza palpable a la iniciativa parlamentaria.
Al respecto, la Comisión de Contraloría aprobó un acuerdo en el que ratifica su labor legislativa e insta al Contralor a dar su aporte para la segunda discusión del proyecto de reforma de la Ley, siempre y cuando se dé en el marco del respeto, la legalidad y el principio de colaboración entre poderes.