Los acontecimientos que dieron lugar al llamado Tercer Reich (Imperio o Estado) alemán se ejecutaron, de manera impecablemente legal. El advenimiento de Hitler y su movimiento, el nacionalsocialismo, ocurrió igualmente dentro de una pugna política, en la Alemania empobrecida después de la Primera Guerra Mundial.
Igualmente, el posterior desarrollo de la era nazi y su afianzamiento, ocurrieron a partir de ejecutorias, donde el Parlamento y la Corte Suprema de Justicia fueron dos instituciones, cuyos integrantes construyeron leyes y decretos para perpetuar un régimen donde la degradación humana del Otro diferente, ocurrió todo de manera legal.
No fueron solo judíos los segregados y ejecutados. También negros, gitanos, e incluso homosexuales y dirigentes y militantes opositores. Para ello se redactaron instrumentos legales donde los hombres y mujeres “de leyes” fueron decisivos. Incluso se utilizaron científicos, profesores e investigadores de universidades, para justificar, legalmente, la tan ansiada superioridad aria.
Todo fue impuesto de manera legal. Basados en leyes y siguiendo los principios constitucionales. Y mientras el régimen iba desarrollándose, aquellas leyes que no podían ser implantadas, también de forma legal, se ejecutaban de manera directamente coactiva. Utilizando, tanto las fuerzas policiales y militares como las nuevas estructuras, los llamados milicianos o grupos de apoyo: las famosas SS y los camisas pardas. Todo realizado a partir de leyes, decretos, reglamentos y ordenanzas. Todo legal, pues.
Lo ocurrido después ha sido suficientemente documentado y difundido en todo el mundo. Esa misma estrategia fue usada en la Unión Soviética, la Italia fascista y en la Cuba castrista, donde aún, después de casi 60 años, existe un parlamento y un tribunal de justicia. Todo legal, muy legal.
Tan legal ha sido que tanto en la Alemania nacionalsocialista como en la Cuba comunista, la rectitud de la justicia es absolutamente implacable. Tanto para justificar asesinatos en masa, como la solución final de judíos en la cámara de gas, como aquellos fusilamientos en la cárcel de La Cabaña, en La Habana.
Al principio los ciudadanos ejemplares de Alemania, se jactaban de contar con una constitución que debían respetar. Y así se les educó. Ocurrió igual en la Italia fascista y después en la Unión Soviética. La oposición en esos países fue metida dentro del carril de aquella famosa frase, tan usada en estos últimos años: “Nada fuera de la Constitución, todo dentro de la Constitución”.
Y por ahí se ha colado una camisa de fuerza que intenta volver a construir una dantesca realidad ocurrida en la modernidad del siglo XX. Ahora, cuando la tan anhelada libertad del ciudadano de aquellos años se convirtió en vana ilusión, la postmodernidad busca construir otro fantasma ideológico con los restos de aquellos humeantes esqueletos, de aquel holocausto que aún está tan vívido en el alma humana.
La revuelta de finales de los años ‘80s. en Venezuela devino triste y lúgubre espanto, que disfrazó de nacionalismo, revolucionario y socialismo del siglo XXI a una montonera que, usando y abusando de la Constitución, leyes y decretos, ha ido estratégicamente cercando las libertades básicas de los ciudadanos.
De esta manera, el control social, económico, político y militar están en manos del régimen, que discrecionalmente impone su poder, a través de controles de todo tipo. Así asistimos en estos años, al mismísimo control de nuestra alimentación, medicamentos y seguridad individual.
Lo peligroso no es tanto que existan seguidores, defensores y “patriotas cooperantes” quienes actúan en defensa de un régimen totalitario, abusivo y militarista, que apoyan en funciones tan delicadas, como aquellas parlamentarias y jurídicas. Lo peligroso y moralmente obsceno es saber que en sectores de la oposición, existen quienes siguen llamando “gobierno democrático” y esperando que, por leyes y decretos que firmarían estos burócratas, el sistema de arbitrariedades ceda su puesto a uno democrático.
La legalidad, la legitimidad no deben ser manifestaciones puramente declarativas, sea a través de una constitución, decretos u ordenanzas.
Solo en actos concretos la ley adquiere legitimidad, por los ciudadanos, en función del progreso individual y colectivo.
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