La historia de las extradiciones de guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes desde Latinoamérica a EE.UU. muestra un camino de luchas históricas y cambios, como el giro reciente del Gobierno mexicano para entregar al capo Joaquín “el Chapo” Guzmán.
Por Beatriz Pascual Macías /EFE
“Es tentador pero equivocado señalar que existe un cambio regional sobre las extradiciones. El caso del Chapo es muy particular y refleja un cambio de posición del Gobierno mexicano”, dijo a Efe el presidente del centro de pensamiento Diálogo Interamericano, Michael Shifter.
Según Shifter, las extradiciones no dejan de ser “una decisión política” en respuesta a unas circunstancias, aunque durante años Colombia y México vieron la entrega de criminales a Estados Unidos como una “derrota” con la que delegaban la tarea de hacer justicia a su vecino del norte.
La actitud actual de Ejecutivo de México contrasta con la que adoptó en enero de 2015 el entonces fiscal general mexicano, Jesús Murillo, que aseguró que Guzmán tendría que “cumplir su condena en México” antes de ser extraditado a EE.UU., lo que podría producirse “unos 300 o 400 años después”.
Cuando Murillo descartó la extradición, el Gobierno mexicano acababa de poner fin a la fuga de 13 años del capo, que había escapado de un penal de máxima seguridad en 2001 escondiéndose aparentemente en un carrito de lavandería.
Pero unos meses después, en julio de 2015, el Chapo volvió a fugarse de otra cárcel de máxima seguridad, esta vez a través de un túnel y no pudo ser atrapado hasta enero de este año.
“México tradicionalmente se ha resistido a la extradición, preocupado por su soberanía. Ese es el caso de Enrique Peña Nieto, que al asumir el poder ralentizó las extradiciones a EE.UU.. Pero, la segunda huida del Chapo y su captura tuvieron un gran impacto”, dijo a Efe Christopher Wilson, del centro de pensamiento Wilson Center.
Muestra de este cambio de postura de México fue la entrega a EE.UU. en septiembre de 2015 de 13 supuestos criminales, incluidos altos cabecillas del narcotráfico como Edgar Villareal Valdez, “la Barbie” considerado una figura clave del cártel de los Beltrán Leyva.
“En un país que todavía está implementando el imperio de la ley es difícil mantener preso a un prisionero de la magnitud del Chapo y, por eso, la extradición es una gran herramienta”, consideró Wilson, especialista en las relaciones entre EE.UU. y México.
De esta forma, países como Honduras, con una de las tasas de homicidios más altas del mundo, emprendió un importante cambio hace solo unos años.
En concreto, en 2012, Honduras aprobó una modificación de su Constitución para acabar con la prohibición de las extradiciones vigente desde 1982 y con la que se prohibía entregar a otros países a ciudadanos hondureños acusados de narcotráfico, crimen organizado y terrorismo.
En Colombia, las extradiciones también estuvieron prohibidas durante seis años, desde 1991 hasta 1997.
Esa prohibición supuso un triunfo para grandes capos, como Pablo Escobar, líder del Cártel de Medellín, que para conseguir la abolición de la extradición de colombianos libró una auténtica guerra contra el Estado con coches bombas, asesinatos, amenazas y extorsión a jueces y políticos.
El grupo de Escobar recibió el apodo de “los extraditables” y acuñó la frase: “Preferimos una tumba en Colombia a una celda en Estados Unidos”.
“La extradición desorganiza el crimen organizado”, resumió el periodista estadounidense William C. Rempel, que consideró que las políticas de extradición del presidente Álvaro Uribe (2002-2010) posicionan a Colombia como un ejemplo para México y Centroamérica, según dijo en 2012 en una columna de opinión para CNN.
Precisamente, Uribe fue el encargado de ordenar en 2008 la extradición a Estados Unidos de 14 exjefes paramilitares, entre los que destaca Salvatore Mancuso, el dirigente de más alto rango extraditado a EE.UU. de las disueltas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Entonces, el Gobierno de Uribe alegó que los extraditados habían incumplido los compromisos de la Ley de Justicia y Paz, al haber seguido delinquiendo desde la prisión y, por tanto, no merecían los beneficios de esa medida, que contempla penas de un máximo de ocho años de cárcel a cambio de colaboración para esclarecer crímenes.
Sin embargo, la extradición tiene dos caras y cuando un país extradita a un paramilitar, guerrillero o narcotraficante paga un alto precio: los crímenes cometidos en su territorio quedan sin condena hasta que el individuo cumple pena en Estados Unidos y vuelve a su país de origen.
Ese fue el caso del exgeneral panameño Manuel Antonio Noriega, que pasó más de 20 años en cárceles estadounidenses y francesas por narcotráfico y blanqueo de dinero antes de pisar una prisión de Panamá, donde sigue preso.
El desafío a largo plazo, según Shifter, es lograr que algunos países de América Latina fortalezcan su sistema legal para conseguir que rindan cuentas aquellos que, desde la cárcel, siguen controlando el negocio de la muerte. EFE