La intervención no tiene por qué estar restringida a miembros de la familia sino que puede incorporar allegados y a personas respetadas que viven lejos del núcleo familiar pero que pueden dar recomendaciones valiosas. La familia es el núcleo básico de la sociedad y, así como una familia puede estar afectada por la conducta de uno de sus miembros, la sociedad puede estar afectada por uno de sus sectores componentes y hasta un grupo de naciones puede llegar a ser afectada por la conducta de una de sus naciones miembros. En esos casos colectivos también es aplicable el concepto de la intervención.
Sin embargo, en América Latina se ha solidificado el concepto regional de la NO INTERVENCIÓN, el cual tuvo un origen comprensible pero que ahora sirve para esconder y permitir las mayores atrocidades cometidas en los países miembros de la comunidad regional. Esas atrocidades, se dice, son un problema interno del país ya que los miembros de la comunidad regional son respetuosos de la soberanía de cada país. El llamado Principio de la NO INTERVENCIÓN tuvo su origen en la reacción de América Latina en contra de la manifiesta intervención de países poderosos en la región. Por ello, países afectados, como México, fueron pioneros en la formulación de este principio. Como varios de los países de la región habían experimentado en carne propia las intervenciones de países europeos y de los Estados Unidos, este principio fue adoptado con entusiasmo y se tornó rápidamente en dogma.
Pero con el tiempo se les ha pasado la mano. La práctica intervencionista de países fuertes en la región ha disminuido, mientras que han crecido las amenazas internas a las sociedades latinoamericanas causadas por la perversión de sus mismos estados, de sus gobiernos, generalmente presidencialistas o francamente caudillistas. Ya las amenazas a nuestros países no llegan desde el exterior sino que son generadas internamente por líderes ineptos, corruptos y llenos de codicia por el poder. Este fenómeno ha encontrado instrumentos regionales obsoletos y todavía orientados a defenderse de intervenciones imperialistas que son cada vez menos frecuentes. Era lógico para la OEA de hace 50 años promover la defensa en contra de la intervención de algún estado miembro por parte de otro estado. Por ello, puso en las manos de cada estado (lo que equivale al Gobierno de turno) la facultad de pedir ayuda. Y ello continua como regla hoy en día, a pesar de que son frecuentemente los gobiernos los que violan los derechos de la sociedad, oprimiéndola en lugar de servirle.
Por esto es que hoy, de manera absurda, es el estado Venezolano, léase el gobierno, léase Maduro y su pandilla de gánsteres, quien tiene la facultad de llamar en su auxilio a los organismos regionales. No lo hacen porque son ellos los agresores. Los pueblos han sido dejados de lado como actores en organismos como la OEA, que se han convertido en el tiempo en clubes de embajadores quienes disfrutan de una vida muelle lejos de las tragedias que experimentan sus pueblos. La casa del embajador (a) de Venezuela en la OEA está en el mejor sector de Washington y sus neveras están repletas de las más exquisitas viandas, mientras sus compatriotas sufren el horror de una dictadura de corte fascista.
La Carta Democrática Interamericana, 2011, vino a cambiar un tanto este sesgo pro-estatista pero ayer vimos como su fuerza ética se ha diluido en la OEA debido a la inercia no-intervencionista que ha sido el dogma de tantos años, al pragmatismo político y oportunista de sus miembros y a la disposición de pequeños estados – un estado, un voto – a vender sus votos a cambio de favores especiales. Al darle a los estados, no al pueblo, el casi monopolio de pedir la intervención, la OEA ha dejado de actuar en defensa de los pueblos de América Latina. Se podría decir que la NO INTERVENCIÓN, por un lado, y la CARTA DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA por el otro, se han convertido en polos opuestos, de signo contrario, lo cual condenó a este segundo mecanismo a la inacción, en vista del predominio ideológico del primero.
Y así están hoy las cosas. Ayer la OEA, en sesión maratónica, decidió por “consenso” ofrecer “sus buenos “oficios” para que la oposición dialogue con los gánsteres del régimen. La situación venezolana clama por la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, mientras que en contra de tal aplicación se levanta la tradición de la no intervención, utilizada ayer para fines bastardos por la delegación argentina, en favor de los sátrapas y ladrones que han capturado el poder en países de la región, como es el caso de Venezuela.
Una intervención regional en la Venezuela de Maduro está ampliamente justificada. Ese señor debería salir esposado del palacio presidencial venezolano con traje a rayas hacia la prisión o hacia un asilo para tarados mentales. Y sus 500-600 cómplices principales deberían ser enjuiciados y castigados de acuerdo a sus crímenes. Sin embargo, la valiente postura de Luis Almagro está a punto de perderse en una selva de cobardías, ya que la canciller de Argentina está interesada en ser Secretaria General de la ONU. Por ello dice que el uso de la Carta Democrática está “inflado”, cuando lo que está inflado es el uso torcido de la NO INTERVENCIÓN. Una vez más la OEA reafirma su naturaleza de club de amigos a espaldas de los pueblos de América.