Sobre que el ciudadano Nicolás Maduro Moros haya nacido en territorio venezolano, pareciera no haber duda. Las discusiones surgen de otra posibilidad real, que su señora madre era nacida en territorio colombiano, país en el cual la nacionalidad no la pierden sus nativos aunque se naturalicen en otra tierra y además, según su Constitución, todo hijo de mujer colombiana es, él mismo, colombiano; con iguales derechos a los nacidos allende nuestras -hoy cerradas- fronteras tachirenses, amazónicas y zulianas.
En esa línea de análisis, es de advertir que un nacido en Nueva Zelanda o Venezuela, si es hijo de colombiana es colombiano, y al mismo tiempo neozelandés o venezolano. Y deberá expresar al arribo de la mayoría de edad, en acto jurídico, su voluntad sobre el país que prefiera y rechazar expresamente la nacionalidad materna para que deje, finalmente por propia y libre voluntad, ser colombiano. Lo que parece nunca hizo el joven Nicolás Maduro Moros.
Lo señalado es el argumento que soporta la denuncia, materia que la Constitución venezolana, revolucionaria y bolivariana de 1999 expresamente prohíbe. Quien aspire a la Presidencia de la República no puede tener doble nacionalidad. Precisamente lo que disfruta el presidente Maduro. Venezolano por nacimiento y colombiano por constitución. ¿Vamos comprendiendo mejor y con más claridad?
Es decir, quien acudió a un proceso electoral respaldado por partidos aferrados al chavismo, y tras perder centenares de miles de votos, logró finalmente con dificultad ser elegido y reconocido oficialmente Jefe del Estado. Asumió la Presidencia con la banda por la izquierda y desde entonces ha cometido los peores errores y más dañinas torpezas de gobierno desde tiempos inmemoriales. Lo irónico para llorar es que, según la Constitución vigente y en cuya redacción participó como constituyente, no puede ser Presidente; en consecuencia, muchos de sus infaustos traspiés no existirían, el futuro del país sería diferente y prometedor.
En medio de esta cadena de intercambios entre alarmadores que han explicado con dificultad y sin mucha claridad, los escuchas que se tapan los oídos o se quitan los incómodos moscardones de la duda, algunos se han atrevido acusar a Maduro, -sin probarlo-, de haber nacido en Cúcuta y al Presidente Santos de ocultarlo. La impertérrita presidenta del CNE, con su vocecita de yo no rompo un plato, presentó una de muchas partidas de nacimiento de Maduro, porque el otro aspecto del dudoso asunto, es que diversos oficialistas se han apresurado a dar distintas versiones de dónde nació el Presidente, -La Candelaria, El Valle, Los Chaguaramos, que recordemos- lo cual enreda aún más las cosas. No podía faltar para enmarañar, una muy adjetivada interpretación que hizo la Sala Constitucional del TSJ que, como boy scouts de la complicidad, están siempre prestos y dispuestos.
Venezolanos de incuestionable reputación, la ex magistrada Blanca Rosa Mármol de León, la periodista Nitu Pérez Osuna y el Dr. Enrique Aristeguieta Gramko, acudieron a la Asamblea Nacional para consignar su denuncia y exigir acción de ese poder legislativo que, ni siquiera por estar con mayoría opositora, ha mostrado el mismo interés ni dinamismo que en otras materias -quizás sienten temor por las delicadas derivaciones que traería la comprobación de la doble nacionalidad presidencial.
Éstas no han sido las únicas voces. El prestigioso experto en derecho, el ex procurador de la nación Jesús Petit Da Costa y un grupo de ciudadanos acompañados por Pablo Medina también han evidenciado y llamado la atención sobre tan inquietante asunto. Aún antes, el investigador, ex diputado Walter Márquez con un equipo de trabajo hizo estudios y análisis incluso en Cúcuta, presentando resultados. Y como ellos, otros miles de venezolanos.
El principio jurídico plenamente vigente, establece que “la ignorancia de la ley no excusa su cumplimiento”. Es decir, si usted viola lo establecido en una ley sin conocer la normativa existente, no lo exime de responsabilidad. O sea, si aquél joven dicharachero que alcanzó su mayoría de edad no sabía que estaba obligado a renunciar formalmente a la ciudadanía colombiana, rebasó los cincuenta años y logró la Presidencia con esa nacionalidad a cuestas, es legalmente culpable. Maduro ni en sus mejores y placenteros sueños imaginó jamás que podía ser presidente y ante esa realidad -que se trastocó después- no estuvo pendiente de esa tontería irrelevante. Pero resulta que no es nada irrelevante, aunque algunos opositores coincidan con él.
Los inconvenientes de ilegalidad -de inconstitucionalidad- no se limitan a ocupar y ejercer (mal, pero real) la Presidencia; la doble nacionalidad afecta también la Vicepresidencia que ocupó. Y lo peor: si fue Vicepresidente y ahora Presidente sin derecho constitucional a ejercer esos cargos, todos sus actos, decisiones, órdenes, decretos, leyes amparadas bajo Habilitante y estado de emergencia, son nulos de toda nulidad, ¿se dan cuenta de la magnitud del problema?
¿Cuáles han sido las respuestas a todas estas solicitudes hechas a la Asamblea Nacional? Mucho protocolo, “gracias por haber venido, lo estudiaremos”; “la Asamblea en ejercicio de sus funciones (…) bla bla bla”. Es decir, nada. Polvo en el desierto.
La AN nombró una “comisión especial” para que investigara el asunto. Sus resultados han sido cómodos, tanto que son insípidos, incoloros e inodoros, apenas una comunicación al Gobierno colombiano sobre el tema, cuya respuesta tampoco satisface a quienes denuncian el hecho irregular.
Se ha convertido en un “te digo, pero hazte el pendejo” o “no seas tonto, no digas nada, nadie le importa eso”; “no interesa ni conviene” “ninguno oye, es sordera selectiva”, una sucesión de dimes y no diretes entre la Asamblea Nacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia y una solicitud para que la Registraduría Nacional publique la nacionalidad de los padres de Maduro. Pura habladera, gamelote, todo un espectáculo verbal que en nada concluirá, pasan los días y se olvida el asunto y, eso es lo que andan buscando muchos, no sólo Maduro.
Opositores se han pronunciado frente al tema alegando no tener pruebas, otro pretexto es que “cualquiera puede falsificar la documentación”, algunos evaden el asunto diciendo que “de nada servirá la investigación”, otros desganados dicen, “no es tema prioritario para la nación” y los peores “a los venezolanos no les interesa, es cuestión baladí y sin importancia”; un sin fin de subterfugios que demuestran la contundencia de la falta de interés –carencia de voluntad política- en conocer la verdad. Con un detalle importante: Blanca Rosa Mármol -nadie discutirá su honorabilidad personal y capacidad intelectual- ha explicado con luminiscencia “la carga de la prueba recae sobre Nicolás Maduro”.
¿Cómo entender que no se aplique el Decreto Gramko?
Muy poco o nada se concretará, no solamente en este caso, sino en muchos otros donde la voluntad política no perciba utilidad ni posea interés. Voluntad política es el acuerdo entre políticos para realizar o torpedear una tarea o investigación. Suele decirse: “si hay voluntad política, un inocente puede ser considerado culpable y nada lo podrá amparar.” O, como ha sucedido en Venezuela, lo contrario. Es triste, pero es la realidad irrefutable e incontrovertible.
Hay que insistir sin debilitarse ni dejarse envolver en disculpas, excusas y pretextos con haberes de distintos tenores, sobre este vergonzante e ingrato asunto que ha puesto al descubierto la falta de logros, la falta de preocupación e –insistimos- voluntad política. Alarmante situación en la cual los involucrados no dan señales de hacer del caso algo, evaluaron la falta de dividendos que daría el tema a sus causas y en consecuencia poco o nada se sabrá, al menos por ahora.
Lo peor es que están equivocados quienes no escuchan y hacen caso omiso. La doble nacionalidad del Presidente es un asunto mucho más delicado y peligroso para el Gobierno y los maduristas, que todas las gestiones alrededor de la OEA, ONU, demás organismos y cualquier otro invento. El tiempo y los ciudadanos cobrarán con rechazo el desinterés, inactividad, apatía y desidia a quienes tuvieron la obligación y responsabilidad histórica de hacer y no hicieron.
@ArmandoMartini