os supermercados zulianos tienen la particularidad de que cubren la escasez con productos de procedencia colombiana y con precios hasta 10 veces superiores a los regulados por la Superintendencia para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (SUNDDE). Un aspecto que puede posicionar a Maracaibo como la ciudad con la mayor inflación del país, puesto que la venta de estos artículos extranjeros se hace con la aprobación del Gobierno. Así lo reseña laverdad.com / Alixel Cabrera
Una de las estimaciones más tímidas del índice de inflación general para finales de año la calcula la firma Ecoanalítica en 320 por ciento, mientras que el Fondo Monetario Internacional pronostica un cierre de 720 por ciento. Gustavo Machado, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de LUZ, asegura “para ser conservador” que la del estado Zulia estará “ligeramente superior” a las cifras nacionales.
Alberto Castellano, profesor de la misma universidad, considera que se podría tomar en cuenta la inflación subyacente, que estima que podría estar alrededor de mil 500 por ciento interanualmente para el mes de mayo. “El cálculo del Índice Nacional del Precio al Consumidor (INPC) toma en cuenta una canasta básica de productos que se deberían conseguir en los mercados. Habría que ver si eso entra dentro de la canasta”.
Machado afirma que la entrada de productos fronterizos es más fácil para Maracaibo y como consecuencia los precios que experimenta el consumidor zuliano son superiores. “Es totalmente pertinente la hipótesis de que Maracaibo sea la ciudad más cara del país”, asegura el profesor, quien agrega que habría que esperar las estadísticas del Banco Central de Venezuela (BCV) para comprobarlo.
Castellano afirma que la similitud entre los precios de los productos colombianos y los “bachaqueados” podría ser el reconocimiento de que los importes de los productos venezolanos deberían estar en ese orden. “A los productores venezolanos se les coarta la producción, pero se permite la importación, eso me parece un elemento distorsionador. Debería ajustarse el precio, que sí se mide por el INPC y permitiría desahogar a los productores”.
Ambos economistas concuerdan que es necesaria una política antiinflacionaria que impida al BCV ser la fuente de financiamiento del déficit fiscal. Machado añade que se requiere un plan de estabilización de consulta entre los entes financieros para que el equipo económico del Gobierno salga en búsqueda de divisas con el respaldo político que necesita.