En la declaración íntegra del fiscal Franklin Nieves, a la que tuvo acceso ABC de España se denuncian las tropelías cometidas durante el proceso contra el preso político
Por Carmen Muñoz – cmunozcamos/Madrid
Franklin Nieves, el fiscal del caso Leopoldo López que huyó a Estados Unidos, ha asegurado que el régimen chavista endosó al preso político venezolano el asesinato del estudiante Bassil Da Costa durante la marcha opositora del 12 de febrero de 2014, perpetrado en realidad por un oficial de la Sebin.
En esas fechas, el líder de Voluntad Popular reclamaba «La Salida» del presidente Nicolás Maduro, junto a otros opositores, y el Gobierno venezolano buscaba el momento oportuno para detenerlo. Al fallar la posibilidad de que el arresto se produjera ese 10 de febrero en Táchira, tras frustrarse el viaje del opositor a ese estado, el Gobierno aprovechó la marcha opositora celebrada dos días después en Caracas, en la que las mismas autoridades instigaron la violencia. Así lo atestigua Franklin Eduardo Nieves Capace –uno de los tres fiscales del caso López–, en su declaración jurada ante notario del pasado 16 de diciembre en Miami, a la que tuvo acceso ABC en su integridad. Nieves huyó a EE.UU. con su familia en octubre de 2015 porque temía por su vida y no deseaba continuar «defendiendo las pruebas falsas» durante la apelación, según declaró entonces.
Leopoldo López, preso en la cárcel militar de Ramo Verde desde el 18 de febrero de 2014, cuando se entregó a la Guardia Nacional, fue condenado a casi 14 años de prisión por «asociación para delinquir, instigación pública, y determinador en los delitos de incendio y daños a los edificios públicos». En su confesión jurada, el fiscal aseguró que el juicio estuvo «plagado de irregularidades y falsas evidencias».
Ese 12 de febrero fatídico, Franklin Nieves acababa de llegar de Táchira y de enterarse del estallido de violencia en la marcha opositora cuando fue convocado a una reunión con el director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), que hasta ese 18 de febrero era el general de brigada Manuel Bernal. El militar le explicó que necesitaban una orden de arresto contra Leopoldo López, el vicealmirante Iván Carratú, el embajador Fernando Gervasi y Carlos Vecchio (este último también de Voluntad Popular). El entonces jefe de la policía política le reconoció al fiscal que «el problema es que uno de mis oficiales, José Perdomo, miembro del Sebin, ha matado a un estudiante (Basil D’ Acosta) y necesitamos que estos cargos sean atribuidos a los que convocaron la manifestación; es decir, a Leopoldo López y los otros». Nieves agregó en su declaración que Bernal le dijo que «las instrucciones del “número uno”, Nicolás Maduro, es que esas órdenes de arresto deben ser emitidas hoy para que sean otorgadas el mismo día 12 (de febrero de 2014)». Freddy Bernal, hoy jefe de los CLAP, los comités chavistas (soviets)encargados de la distribución de alimentos, fue testigo de esa conversación, según el fiscal.
El siguiente problema era que no había informe policial sobre el caso, pero Manuel Bernal se lo encargó a un oficial de la contrainteligencia que respondía al nombre de «El elefante». El oficial se refirió en el informe «fabricado» a la marcha celebrada esa mañana, a la supuesta «agresión» contra la sede del Ministerio Público (Fiscalía), el incendio de seis vehículos oficiales y a los muertos de la jornada: Basil D’ Acosta (estudiante)y Juancho Montoya (miembro de los «Colectivos» chavistas). Con ese informe, Nieves preparó el documento que presentó para solicitar la orden de arresto ante la juez Tovar, del tribunal 16. Nada más llegar a casa ese día, el fiscal se enteró por su esposa de que la orden de arresto contra López ya se había divulgado a través de Twitter.
En la declaración jurada de Miami, Nieves explica las tropelías cometidas durante los 18 meses que duró el proceso hasta la condena del opositor el 10 de septiembre de 2015. Durante el juicio, a Leopoldo López solo se le permitió presentar un testigo, la periodista de Globovisión María Iginia Silva. Mientras a la defensa le denegaron un centenar de testigos, la acusación pudo presentar unos 130. Estos testigos eran básicamente funcionarios del Gobierno «forzados» a testificar «si no querían perder su trabajo», denunció Franklin Nieves, quien concluye que con su declaración no buscaba protagonismo, sino «manifestar lo que ocurre con la Justicia de Venezuela».