El ministro de Interior venezolano, Gustavo González, aseguró hoy que los índices delictivos han bajado en 26 % en el país petrolero, excepto en el céntrico estado Miranda, gobernado por el opositor Henrique Capriles.
EFE
“Al comparar las incidencias delictivas de todo el territorio nacional sin incluir al estado Miranda la disminución de los índices delictivos sería de 26 puntos (porcentuales)”, dijo en declaraciones al canal estatal VTV.
González indicó que dicha entidad concentra el más alto índice de ocurrencia delictiva “por el descuido de su autoridad”, aunque no precisó si dicho índice subió en ese estado ni cuánto lo hizo.
Explicó que solo en el estado Miranda durante el último año se han llevado a cabo 17 despliegues policiales conocidos como Operación de Liberación del Pueblo (OLP), el más reciente plan del Gobierno de Nicolás Maduro contra la inseguridad.
El ministro dijo que tras un año de su lanzamiento, las OLP sumaban 143 incursiones en toda la geografía de la nación caribeña y arrojaba un total de 2.399 detenidos.
“Las OLP han mitigado significativamente los índices delictivos en lugares donde operaban algunas de las principales bandas criminales paramilitarizadas”, sostuvo.
El plan en cuestión arrancó con un despliegue policial en Caracas en el que murieron 14 delincuentes y se registraron 134 detenciones.
La ONG Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), que ubicó en casi 28.000 las muertes violentas de 2015, ha criticado estas incursiones.
La ONG ha dicho que sus consecuencias “no apuntan hacia una disminución de la violencia en la sociedad, sino, al contrario, hacia su incremento”.
González, en cambio, asegura que más del 80 % de la población apoya estas grandes jornadas policiales.
El martes, el Parlamento venezolano de mayoría opositora aprobó un acuerdo en rechazo a la Operación de Liberación del Pueblo por supuestamente poner en práctica ajusticiamientos extrajudiciales y detenciones arbitrarias, entre otras acciones ilegales.
El acuerdo toma en cuenta un informe de la ONG venezolana Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) que indica que a un año de funcionamiento de las OLP se han producido al menos 20 presuntas ejecuciones extrajudiciales, cerca de 14.000 detenciones arbitrarias, miles de desalojos ilegales y cientos de humildes viviendas destruidas.