“El gobierno de Nicolás Maduro debe entender que no se puede dialogar con el estómago vacío, la gente está cansada del hambre y el hambre es mala consejera. En vez de intentar ganar tiempo con un diálogo al que sabemos no están dispuestos, pónganse a trabajar para resolver los problemas que aquejan a los venezolanos, en especial los que se derivan de la mala alimentación, los de salud e inseguridad”.
Nota de prensa
El señalamiento lo hizo el coordinador municipal de Primero Justicia en Heres, Julián Briceño, a propósito de los falsos llamados al diálogo que viene haciendo el poder Ejecutivo con la única finalidad de evitar la convocatoria del referéndum revocatorio del mandato de Nicolás Maduro que, desde el mes de marzo, viene solicitando la Mesa de Unidad Democrática.
Briceño calificó de “farsantes” a los voceros gubernamentales que por un lado llaman a concertar y por el otro irrespetan derechos humanos fundamentales. “Los derechos humanos no se negocian. Maduro y sus enchufados no pueden negar la celebración del referéndum revocatorio establecido en el artículo 72 de la Constitución Nacional y menos señalar que la consulta popular es una opción y no un derecho”.
De igual forma, el Ejecutivo se niega a reconocer la crisis humanitaria que vive la población venezolana y que mantiene paralizados los envíos de alimentos y medicinas desde países hermanos que se han solidarizado con la causa. Igualmente se niega a reconocer la existencia de presos políticos y a celebrarles juicios justos que deriven en su libertad absoluta.
“En un democracia plena se respetan los derechos humanos y se permite al pueblo expresarse en torno a una gestión de gobierno. La Constitución de 1999, vigente aún, establece el derecho a revocar el mandato a aquellos funcionarios públicos electos mediante voto universal, directo y secreto, que lo han hecho mal. Nicolás Maduro le tiene miedo a esa consulta porque sabe que ni los militantes del Psuv lo quieren y tendría que salir con el rabo entre la piernas”, encabezando el palmarés de los peores Presidentes de toda la historia republicana del país.
Pero como la soberanía reside en el pueblo, Briceño, quien además es el coordinador del referéndum revocatorio en el municipio Heres, exigió a Maduro dejar que los venezolanos se expresen y decidan y no lo hagan las cuatro rectoras psuvistas del Consejo Nacional Electoral (CNE) encabezadas por Tibisay Lucena.
“En esa misma Constitución de 1999 se creó el Poder Electoral para darle rango a la institución encargada de garantizar el derecho al voto. El pueblo es el único garante de la democracia participativa y protagónica y de un tiempo para acá Tibisay Lucena, Socorro Hernández, Sandra Oblitas y Tania D´Amelio se arrogan el derecho de decidir por millones de venezolanos. Estas cuatro señoras se han convertido en la principal piedra de tranca” de la consulta popular que se busca activar al interpretar a su conveniencia tanto la Carta Magna como la Ley Orgánica de Procesos Electorales y el Reglamento de Referendos Revocatorios.
El dirigente municipal de Primero Justicia solicitó a Maduro y las voces agoreras del Psuv que ya nadie escucha, a salir de sus zonas de confort y a patear calle para escuchar el clamor popular. “La gente no quiere totalitarismos ni militarismos ni castro-comunismo y eso lo expresó en las elecciones parlamentarias del 6D. El venezolano está harto de hacer colas, de no conseguir los productos de primera necesidad, de que no le alcance el salario para nada, de no encontrar medicinas, de no recibir atención médica y esa frustración, esa rabia, es impotencia, la manifestaron en las elecciones del 6D”.
No en vano desde el año pasado, en todo el territorio nacional se han escenificado protestas, saqueos y conatos de saqueos por la escasez de alimentos que, además, han sido reprimidas brutalmente por las fuerzas de seguridad del Estado.
“El Caracazo se ha repetido en toda Venezuela a menor escala, pero con mayor frecuencia, y esas manifestaciones están siendo reprimidas por la Guardia Nacional, la Policía Nacional y las policías municipales. Durante el Caracazo se activó el Plan Ávila tres días después”, recordó.
Briceño aseguró que el gobierno no tiene clara la definición del concepto diálogo. “Para ellos dialogar es imponer su punto de vista y no ceder en las peticiones de la contraparte, pero repetimos, los derechos humanos no se negocian y el derecho a expresarnos por la vía electoral, el derecho a la alimentación, el derecho a la salud y el derecho a ser procesado a tiempo y con justicia no se negocian”.