Aunque pueda resultar contradictorio decirlo, la decisión de la Asamblea Nacional de invalidar la írrita designación de los 34 miembros del Tribunal Supremo de Justicia ocurrida a fines de diciembre, nos parece oportuna aun cuando demorada, por lo muy esperada. Junto a ella, producida en la misma sesión de este organismo legislativo, fue aprobado en su primera discusión el proyecto de Ley de restitución del régimen del Distrito Capital de Caracas, destinado a poner fin a la usurpación de poder impuesta “a dedo” por el chavismo desde el año 2009. Dos medidas que, como podemos apreciar, constituirían lo que en el término original de la doble jugada es popularmente conocida en el béisbol como doble play.
Consideramos que ambas forman parte del conjunto de temas que la población venezolana encomendó a la nueva Asamblea resolver, con su voto depositado en las urnas en las elecciones del pasado 6 de diciembre, destinadas a iniciar el rescate y adecentamiento de la institucionalidad del país, secuestrada por el chavismo desde hace más de 17 años. En el primero de los casos, se trata de restituir la legalidad del TSJ escamoteada en el madrugonazo perpetrado contra la Constitución de la República por el grupo de derrotados parlamentarios el 6D, y en el segundo, devolverle a la auténtica autoridad de Caracas, que es la Alcaldía Metropolitana, establecida en la Ley Especial sobre el Régimen del Distrito Metropolitano de Caracas, de febrero del año 2000, y la cual ha sido usurpada desde el nombramiento como gobernadora de Jacqueline Farías y actualmente de Daniel Aponte.
Y cuando hablamos del inicio del rescate y adecentamiento de la institucionalidad del país, nos estamos refiriendo, entre otras, de volver al acatamiento de lo que establece nuestra norma suprema que establece la separación de los cinco poderes del Estado; y su respeto, por tanto, constituye el principio fundamental de la democracia. Y, para nadie es secreto, en este oscuro capítulo de la historia de Venezuela, el Ejecutivo ha mantenido en una estricta sumisión a los cuatro poderes restantes (Judicial, Electoral, Legislativo y Moral) imponiendo en la práctica una dictadura que ha determinado la terrible situación de caos que hoy sufre la población, y la cual se manifiesta principalmente en las siguientes áreas.
En lo económico y social, el subordinamiento del Poder Legislativo al Ejecutivo, se ha traducido en la adopción del conjunto de medidas, que bajo el pretexto de la crisis económica imperante en Venezuela en el curso de estos 17 años, han sido puestas en práctica por el régimen gracias a la concesión de poderes especiales para legislar en esta materia, otorgadas primero a Hugo Chávez y ahora a Nicolás Maduro, con las consecuencias que hoy son conocidas en esta vital área del país.
En el Judicial, además de la usurpación de funciones con la ilegal designación de jueces exprés, que se trata hoy de poner fin, se ha desatado como nunca en nuestra historia patria una persecución contra los adversarios políticos del régimen. Los casos son hartos conocidos durante lo que va del gobierno de Maduro: Leopoldo López y Antonio Ledezma, son nombres emblemáticos de esta irregularidad.
En el Moral, la crisis humanitaria que vive la nación por la escasez de alimentos y medicinas, los maltratos físicos y morales a los presos políticos, son evidentes y llaman la atención de los organismos internacionales que han expresado preocupación por tal situación.
En el Electoral, los desplantes, trampas y maltratos contra la población, de un poder directamente controlado por el Ejecutivo, impiden el ejercicio del derecho ciudadano consagrado en la Constituir, de revocar al Presidente de la República por sus graves desaciertos en la conducción de los destinaos del país y que hoy es responsable del caos que nos afecta.
Tal concentración de poderes en manos del régimen chavista, ha propiciado la grave situación de corrupción que ha permitido el saqueo de los fondos públicos, cuya merma impide a los venezolanos el acceso a los bienes requeridos para su subsistencia; y la cual tenderá a agravarse, con la violación de otro precepto constitucional que establece el manejo de los asuntos del Estado y especialmente de su economía por parte del sector civil, y que hoy es descaradamente ejercido por el estamento militar, pese a su fracasada actuación en los campos de su competencia y a su frecuente vinculación con actos delictivos como el tráfico de estupefacientes, entre otros.
Pero, hoy con las esperadas medidas se enciende una lucecita con miras al rescate de la institucionalidad y el adecentamiento en la conducción de los asuntos públicos; como también al cese de la usurpación en cuanto a la gobernabilidad metropolitana de nuestra querida capital de la República. Nos toca aupar estas medidas y seguir adelante, tanto en la solución del conjunto de problemas que conforman la crisis global del país, como con el ansiado revocatorio presidencial.
@JJMOrenoA