Las cajas de ahorro son utilizadas para auxiliar los gastos de alimentación y salud de las familias de los trabajadores debido a la elevada inflación y la pérdida del poder adquisitivo de los sueldos, publica El Nacional.
ANA DÍAZ
“Desde el año pasado recurro más a los préstamos y retiros para comprar más barato y a tiempo lotes de comida y productos del hogar e higiene personal que puedo almacenar”, manifestó una empleada pública de 42 años de edad que pidió no mencionar su nombre.
Otro trabajador del sector privado, de 54 años, que también solicitó no citar su nombre, refirió que la caja lo saca de apuros para adquirir las costosas medicinas del tratamiento que debe atender de por vida debido a la artritis reumatoide que padece.
María Núñez, de 32 años, expresó que hace retiros recurrentes de sus ahorros, cuyas tasas de interés son muy bajas, para gastarlos en bienes de consumo y, además, pagar “las pólizas del seguro médico y del carro, que aumentan desmesuradamente”.
El diputado Williams Dávila introdujo en la Asamblea Nacional un proyecto de ley que regula las actividades del sistema nacional de cajas de ahorro, previsión y crédito popular, impulsado por la federación nacional del sector, y que fue aprobado en primera discusión.
“Hay que fortalecer este sector para proteger el ahorro de los venezolanos y garantizarles la adquisición de vehículos o el equipamiento y compra de viviendas, en lugar de complementar el salario”, destacó.
José Sevilla, consultor jurídico de la federación, indicó que desde 1998 el sector se ha debilitado: de 1.380 cajas de ahorro registradas ahora funcionan 900. Añadió que con la incorporación del crédito popular los asociados pasarían de 2 millones actualmente a 8 millones.
El proyecto de ley establece que 2% de los dividendos netos de los ahorristas vaya a la Superintendencia de Cajas de Ahorro para fortalecer la fiscalización y control de la gestión de las directivas de las instituciones. La Asociación Nacional de Cajas de Ahorro de Venezuela objeta el aporte, pues el gobierno debe proveer los recursos.
Yolanda Clavijo, presidente de Ancahoven, informó que introdujeron otro proyecto de ley con mecanismos que “frenen la desvalorización y pulverización de los ahorros de los trabajadores ante una economía inflacionaria, en la que la pérdida del poder adquisitivo es cada día mayor”.
Dávila llamó a Facasasv y Ancahoven a ponerse de acuerdo para que salga una sola ley en la segunda discusión de la Asamblea.