El diálogo debe hacerse para pactar salidas a la crisis. El diálogo debe hacerse para reconciliar a los venezolanos. El diálogo debe hacerse desde el respeto a la Constitución, a los derechos y obligaciones establecidos en ella. Eso no es objeto de canje y por eso no es negociable.
La crisis es institucional, socioeconómica y de seguridad ciudadana. Y lo primero que tienen que acordar las partes son los temas de la agenda, así como la composición de la mediación. La crisis institucional lo condiciona todo, impide las salidas democráticas y encrespa la relación entre las fuerzas políticas, los actores sociales y económicos y el conjunto de la ciudadanía. Esta crisis está motivada por la anulación del papel constitucional de la nueva Asamblea Nacional con mayoría abrumadora desde el 6 de diciembre del año pasado. Durante el mes que transcurrió entre ese día y el 5 de enero de 2016, que toma posesión, la Asamblea saliente cambió el Tribunal Supremo y la Corte Constitucional para producir una composición obediente al poder ejecutivo y anular así las decisiones de la nueva mayoría parlamentaria.
Al mismo tiempo la Presidencia de la República promulgó leyes con el “poder habilitante” de la Asamblea saliente que han restado competencias constitucionales a la nueva Asamblea. Cuando asumió la nueva mayoría nacida de la voluntad soberana de los ciudadanos, no ha podido ejercer sus facultades de control del poder ejecutivo, ni sus facultades legislativas. La Corte Constitucional ha secado literalmente la actuación de la Asamblea Nacional, declarando “inconstitucionales” más del 90% de sus decisiones. Entre las muchas leyes anuladas está la Ley de Amnistía, que habría resuelto el problema de los presos políticos, de los exiliados y represaliados. La democracia no es compatible con presos políticos y exiliados. Asimismo, la Presidencia de la República ha declarado la emergencia económica —prorrogada después dos veces y añadiéndole estado de excepción— saltándose las competencias de la Asamblea Nacional, con la complicidad obsecuente de la Corte Constitucional. O sea, vivimos la paradoja de que es la oposición la que está pidiendo al Poder Ejecutivo que se respete y aplique la Constitución vigente promulgada por el régimen actual. Por el contrario el Poder Ejecutivo, el Tribunal Supremo y otras instituciones del Estado como el CNE, obedientes a los mandatos de aquél, violentan la Constitución e impiden que funcione la división de poderes fundamental para el equilibrio democrático y la solución de los desafíos que enfrenta Venezuela.
El primer elemento del diálogo es, por eso, el respeto a la Constitución, a la división de poderes y el cumplimiento irrestricto de las normas establecidas en ella. Si esto fuera así, estaría fuera de cualquier controversia el derecho constitucional a promover el “revocatorio” y las instituciones como el CNE tendrían que cumplir en tiempo y forma todos los trámites legalmente previstos, salvo que incurran en prevaricación en sus funciones. Este es un derecho de los representados, no de los representantes, que son lo que pueden ser sometidos a revocatorio.
Si se desea el esclarecimiento de hechos acaecidos y la reconciliación de los venezolanos, la propuesta de una Comisión de la Verdad puede ser útil. Pero lo lógico es que se constituya de forma paritaria —igual número de miembros de Gobierno y oposición— con una presidencia de consenso. El primer acto de su constitución sería la puesta en libertad de presos y la vuelta de exiliados, incluso si fuera a resultas de lo que concluya la Comisión. Esta salida corregiría la arbitrariedad que ha supuesto la anulación de la Ley de Amnistía y mejoraría el clima de reconciliación que se pretende. También se podría acordar la composición de la Sala Constitucional, con un nuevo equilibrio que le permita cumplir su función sin sometimiento al Ejecutivo.
La crisis social y económica puede y debe ser abordada en otra mesa paritaria —Gobierno y oposición— a la que se invite a participar a los sectores productivos.
Con carácter inmediato se debería abordar la crisis humanitaria, que se sigue agravando cada día, por la escasez de alimentos y, sobre todo, de medicamentos. Se necesita ayuda de emergencia y canales de distribución que escapen al bachaqueo y al clientelismo. Venezuela ha sido históricamente solidaria y ahora necesita solidaridad de la comunidad internacional.
La mesa debe poner en marcha el aparato productivo del país, acordando de inmediato, con los actores empresariales, respuestas al problema alimentario y de medicamentos. Como fondo, debe enfrentar la profunda crisis económica, tanto en sus aspectos macroeconómicos como en la recuperación del aparato productivo de Venezuela. El plan de ajuste es necesario y cada día que pase se hará más difícil. Ya hemos vivido en otros países la experiencia dramática de la hiperinflación, del inmenso déficit acumulado, de la imposibilidad de pagar la deuda sin reestructuración y ayuda.
El plan para reducir gastos y aumentar ingresos puede ser pactado entre las partes, para generar confianza interna y externa. Además, hay que preservar una línea de protección a los más débiles para que el ajuste no termine de destruirlos. Venezuela tiene recursos humanos y materiales para salir de este marasmo. Tiene capacidad industrial instalada que hay que poner a producir, lo mismo que capacidad para producir alimentos y medicamentos para toda su población con excedentes. El problema es de gestión, o, si prefieren, del fracaso de una gestión errónea durante muchos años, agravada por la caída de los precios del petróleo (¡pero solo agravada por eso!).
La crisis de seguridad ciudadana, aunque sea responsabilidad del Ejecutivo, puede ser planteada por este y la Asamblea para acordar una ley que corte esta hemorragia que destruye a Venezuela. El plan de seguridad llamado OLP es el número 17 o 18 de los que se han implementado para corregir la creciente inseguridad que ha convertido a Venezuela en un país con índices de violencia inaceptables. Pero más allá de los fracasos evidentes de estos planes se pueden y se deben corregir elementos fundamentales desde el punto de vista de la seguridad ciudadana. El Gobierno puede proponer a la Asamblea una legislación que prohíba el uso de armas de fuego a los particulares y hacer un plan de recogida de las que hay dispersas por todas partes. La ley debe reservar el uso de las armas de fuego, en exclusiva, a las fuerzas de seguridad del Estado y, en su ámbito, a las Fuerzas Armadas. Los particulares, solo excepcionalmente y con autorización y control, pueden disponer de armas de fuego. Las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas lo agradecerán, pero sobre todo los ciudadanos empezaran a creer que es posible convivir en paz y en libertad.
Conclusión: no conozco sobre qué bases están trabajando los mediadores internacionales para el diálogo aunque les deseo lo mejor, pero sé que incluso esa mediación debe ser acordada entre la partes para generar confianza.
Felipe González fue presidente del Gobierno español de 1982 a 1996.
Publicado originalmente en el diario El País (España)