Rosmit Mantilla cumple más de dos años preso en el Sebin sin pruebas en su contra

Rosmit Mantilla cumple más de dos años preso en el Sebin sin pruebas en su contra

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Amnistía Internacional fijó posición este lunes sobre el encarcelamiento del diputado de la AN, quien ya cumple más de dos años tras las rejas a la espera de que inicie su juicio.

La organización recuerda que los cargos se basan en el testimonio de un informante anónimo que lo acusó de haber recibido dinero para financiar las protestas contra el gobierno.

“Las autoridades venezolanas a menudo se muestran intolerantes hacia quienes manifiestan puntos de vista críticos”, se lee en el texto difundido.

A continuación, el comunicado:

Rosmit Mantilla, activista por los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI), primer diputado electo a la Asamblea Nacional abiertamente homosexual, no debe pasar ni un día más tras las rejas. Rosmit se encuentra desde hace más de dos años en detención preventiva en las instalaciones del Servicio de Inteligencia Bolivariano Nacional (SEBIN) en Caracas, a la espera de que inicie su juicio.

El Ministerio Público acusa a Rosmit Mantilla de los delitos de instigación pública, intimidación pública, obstaculización de vías, incendio de edificios públicos y privados, daños violentos y asociación para delinquir, en el contexto de las protestas antigubernamentales que se llevaron a cabo entre febrero y julio de 2014. Los cargos se basan en el testimonio de un informante anónimo que lo acusó de haber recibido dinero para financiar las protestas contra el gobierno y en las evidencias que el Servicio de Inteligencia indicó haber encontrado en su residencia, como panfletos llamando a las protestas y sobres de dinero.

Amnistía Internacional considera que el Ministerio Público no ha presentado evidencias que vinculen a Rosmit Mantilla con los delitos que se le imputan, y que su prolongada detención tiene motivaciones políticas. Las autoridades venezolanas a menudo se muestran intolerantes hacia quienes manifiestan puntos de vista críticos por lo que personas pertenecientes a partidos de oposición, y defensores y defensoras de derechos humanos, enfrentan ataques continuos y campañas de desprestigio e intimidación por parte de altas autoridades. De igual manera, las injerencias en el sistema de justicia por parte del poder ejecutivo ponen en entredicho la independencia del poder judicial. El hecho de que más del 60 % de los jueces y las juezas ocupe su cargo de manera temporal los hace susceptibles a presiones políticas.

Rosmit Mantilla ha hecho sentir su voz públicamente contra la falta de progreso en el avance de los derechos LGBTI en Venezuela. Rosmit ha pedido abiertamente por disposiciones en las leyes que permitan las uniones civiles; la penalización de los crímenes de odio basados en la orientación sexual y la identidad o expresión de género; y el derecho al cambio legal de identidad de género. En Venezuela hay reportes constantes de casos de violencia contra lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales y los responsables rara vez comparecen ante la justicia.

La familia de Rosmit recientemente informó a Amnistía Internacional que Rosmit está sufriendo de depresión y ha perdido mucho peso a lo largo de su detención. Debido a la falta de sol (aparentemente solo se le permite recibir luz solar una vez al mes) ha desarrollado problemas en la piel. Rosmit Mantilla es un prisionero de conciencia que debe ser liberado inmediata e incondicionalmente. Él nunca ha usado ni abogado por la violencia.

Desde diferentes países se está haciendo un llamado a las autoridades venezolanas instándolas a:

  • Liberar inmediata e incondicionalmente a Rosmit Mantilla, puesto que es un preso de conciencia que nunca ha usado ni abogado por la violencia, está detenido sin evidencia fehaciente en su contra y el proceso judicial al que está sometido tiene motivaciones políticas;
  • Asegurarse de que, mientras permanece privado de libertad, garanticen su derecho a la integridad física;
  • Asegurarse de que todos los defensores y las defensoras de derechos humanos en Venezuela, en el desarrollo de sus actividades legítimas en defensa de los derechos humanos, puedan operar libremente sin miedo a restricciones o represalias.
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