Por ANA DÍAZ
Actualmente, el sueldo mínimo asciende a 15.051,15 y el bono de alimentación a 18.585 bolívares mensuales. Navarro añadió que el costo de la canasta alimentaria de los trabajadores registró un incremento de 754% entre mayo de 2015 e igual mes de 2016. “No hay aumento salarial que pueda con una inflación de tres dígitos, la escasez de alimentos, los bachaqueros y un país sin producción”, afirmó.
El directivo de la central obrera, fundada el 1° diciembre de 2015 por 205 sindicatos que afilian 429.829 trabajadores, destacó que al cambio oficial el salario mínimo de Venezuela es de 23,81dólares mensuales frente a 190 y 328 dólares de El Salvador y Bolivia, respectivamente. “Tenemos el salario mínimo más bajo del mundo”, dijo.
Navarro resaltó que Venezuela es el único país de América que registra la mayor pérdida de empleos en el sector formal de la economía, lo cual empeora con el avance del trabajo precario –sin derechos sindicales, laborales y de seguridad social– que afecta a 9 millones de 14,2 millones de personas que constituyen la fuerza de trabajo o población económicamente activa.
Marcela León, secretaria general de la organización sindical, indicó que ante la crisis económica y social que vive el país, es indispensable la unidad de los trabajadores desde las bases. “El trabajador como ciudadano de a pie no puede seguir padeciendo la depreciación del ingreso. El aumento exclusivo del salario mínimo no tiene en la práctica ningún peso por la falta de una política económica y social coherente”, manifestó.
León insistió en que debe garantizarse el empleo digno y el salario decente que cubra todas las necesidades, incluida la recreación de los trabajadores. Igualmente habría que sumar medidas complementarias como la implantación de los comisariatos y los servicios de salud en los centros de trabajo.
La Central de Trabajadores ASI también rechaza los despidos de los empleados públicos que apoyaron con sus firmas el referéndum revocatorio. Navarro informó que en el Seniat 200 empleados fueron destituidos desde el 20 de junio pasado, y otros 212 del sector salud del estado Aragua.
Los casos fueron denunciados en la Organización Internacional del Trabajo por incumplimiento del gobierno del convenio 111 de la OIT, que prohíbe la discriminación política.