“La Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV) solicitó al Secretario General de la OEA, Luis Almagro, la activación de los mecanismos previstos en “Principios y Buenas Prácticas Sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas” (OEA-CIDH: 2008), para que ese organismo proceda a la inspección de los centros y condiciones de reclusión de los presos políticos en Venezuela, con la participación de esa organización gremial universitaria como observadora”.
Nota de prensa
Así lo informó en rueda de prensa este jueves 28 de julio de 2016, la profesora Lourdes Ramírez de Viloria, presidenta de Fapuv, quien explicó que el gremio viene realizando una serie de gestiones para la liberación de los presos políticos, entre quienes se encuentran estudiantes, egresados, profesores y familiares; pero a la fecha no ha obtenido respuestas favorables. “El pasado martes 26 de julio, la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV) solicitó nuevamente una Audiencia al Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, para exigir la inmediata y plena libertad de los universitarios detenidos o sometidos a régimen de presentación por ejercer su legítimo derecho a la protesta”
Ramírez de Viloria también informo que “el miércoles 27 de julio una comisión de la Junta Directiva, por decisión del Consejo Superior, máxima instancia directiva de FAPUV, acudió al Helicoide, sede del SEBIN en Caracas, para visitar y llevarle algunos alimentos a los universitarios injustamente detenidos en ese recinto, pero fue imposible verlos”.
“El caso es que en Venezuela hay más de 40 universitarios presos políticos y miles de dirigentes estudiantiles y sindicales sometidos a régimen de presentación. Más del 90% de los presos políticos en Venezuela están vinculados a las universidades o a la educación formal, lo que demuestra la escasa tolerancia del gobierno al pensamiento avanzado y crítico, así como la judicialización del ejercicio del derecho a protestar”, advirtió.
Por otra parte -expresó- “a los universitarios detenidos se les niegan derechos fundamentales contenidos en nuestra Carta Magna y en convenios internacionales suscritos en Venezuela, como los “Principios y Buenas Prácticas Sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas” (OEA-CIDH: 2008).
Aseguró la dirigente gremial universitaria que “entre las violaciones a los derechos humanos de los universitarios detenidos destacan: la tortura física y/o psicológica por parte de cuerpos policiales o militares; el hacinamiento; la negación de las visitas de quienes no sean familiares directos; la violación del debido proceso legal; el aislamiento; el incumplimiento de la necesidad de las personas de estar privadas de libertad en lugares próximos o cercanos a su familia, a su comunidad, al defensor o representante legal, y al tribunal de justicia; la negación del derecho a la exposición diaria a la luz natural, ventilación y calefacción apropiadas; la violación del derecho a la educación”.
“Es por eso que solicitamos al Secretario General de la OEA, Luis Almagro, la activación de los mecanismos previstos en el Principio XXIV del documento arriba citado, sobre “Inspecciones Institucionales”, para que ese organismo proceda a la inspección de los centros y condiciones de reclusión de los presos políticos, con la participación de nuestra organización gremial como observadora. Hacemos un llamado a las Universidades y a nuestros gremios a acompañarnos en esta lucha por el derecho a la protesta, por el derecho al estudio y por la libertad”, concluyó.