El concejal por Voluntad Popular en el municipio Cárdenas del estado Táchira, Jackson Maldonado rechazó la actuación de la Guardia Nacional, Sundee y Sunagro, durante el procedimiento realizado el pasado viernes en la Casa de Abasto de Táriba en el marco del operativo Abastecimiento Seguro.
Nota de prensa
El edil aseguró que es falso que en lugar habían 15 toneladas de alimentos “esa cantidad no había en el lugar, lo que sucede es que el gobierno quiere dar a entender que ahí había esa cifra para que el pueblo crea que esa es mucha comida, cuando en realidad eso no alcanza para los 125 mil habitantes que tiene el municipio, porque si uno divide las 15 toneladas en el número de pobladores le corresponde a cada uno 0,12 gramos de comida y el cuerpo necesita más de eso”, explicó.
El gobierno con su tesis de guerra económica- dijo- ataca a los comercios y aun cuando sabemos que en algunos lugares si hay especulación y descontrol en los precios, también es cierto que el verdadero problema que existe en Venezuela es la falta de producción y la reactivación de las empresas que fueron expropiadas por el gobierno nacional. Manifestó que el pueblo debe entender que este tipo de operativos se realizan para responsabilizar a los comerciantes de la escasez y el alto costo de los productos y el gobierno desligarse de esta situación.
Rechazó que durante el operativo, al menos 5 trabajadores del lugar fueron trasladados al comando de la Guardia Nacional acusados de especuladores y acaparadores, cuando en el estado hay personas que están en libertad, tras ser detenidos en el pasado por mantener acaparados productos alimenticios en un galpón, tal es el caso de un conocido funcionario que ostenta un cargo en una institución del gobierno nacional.
Para Maldonado esos operativos son solo potes de humo para distraer al pueblo que por cierto ese día tuvo que exigir la venta de los productos decomisados porque querían llevárselos a otro lugar posiblemente para venderlos a los amigos de quienes encabezaron la toma del establecimiento comercial.
Finalmente el edil de la tolda naranja exigió que se intervenga la empresa encargada de proveer los huevos a los establecimientos comerciales por cuanto el precio para la venta al público es de 1500 bolívares y durante el operativo obligaron a venderlos en 800 bolívares, argumentando que ese el precio justo. “ Hemos visto como en el Pdval de Táriba también venden el cartón de huevos en 1500 bolívares, entonces no entendemos por qué los que decomisaron los ofrecieron a un costo menor”, precisó.