Más de cinco decenas de militares, funcionarios, magistrados y empresarios vinculados al régimen de Nicolás Maduro, se encuentran en la mira del Congreso de Estados Unidos para ser sancionados. Esta es la lista preliminar del Senado obtenida en exclusiva por Vértice.
Por Casto Ocando | @cocando
Una lista de más de 50 personalidades entre altos militares, magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y empresarios considerados “testaferros” que operan o han mantenido negocios en Estados Unidos, integran la lista de sancionables que pudieran ser objeto de suspensión de visa, congelamiento de bienes e incluso de investigaciones federales.
La lista, elaborada tras amplias consultas con diversas fuentes en Venezuela y expertos en Estados Unidos, fue consignada por la oficina del senador republicano Marco Rubio hace tres semanas a varias instancias del gobierno de Barack Obama, principalmente el Departamento de Estado en Washington.
La lista fue entregada después de que a mediados de mayo pasado el mandatario norteamericano extendiera por tres años una orden ejecutiva declarando a Venezuela como una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, citando factores como abusos contra manifestantes, arrestos arbitrarios de opositores y altos niveles de corrupción pública.
La orden, que técnicamente coloca a Venezuela en un estado de “emergencia nacional”, permite a diversos departamentos o ministerios en Washington ampliar las sanciones contra personalidades con estrechos vínculos con el régimen venezolano hasta 2019.
Una copia de la lista Rubio, a la cual tuvo acceso exclusivo Vértice, se encuentra en poder de al menos otras dos instancias gubernamentales. Una de ellas es el Departamento de Homeland Security, que coordina una unidad anti-corrupción en Miami y que investiga a numerosos venezolanos con lazos chavistas y negocios en el “imperio”. La otra instancia es un órgano que ejerce funciones de contraloría, en Washington.
Pese a que el Congreso tiene la facultad de sugerir posibles cursos de acción al gobierno federal, incluyendo sanciones a funcionarios y empresarios extranjeros, es potestad ejecutiva -en este caso de los departamentos de Estado y del Tesoro- decidir quiénes podrían ser sancionados o si las sanciones podrían ser aplicadas o no.
Militares, jueces, empresarios, funcionarios
De acuerdo a una fuente que participó en las consultas para la elaboración de la lista, la oficina de Marco Rubio busca que las sanciones se dirijan en primer lugar contra militares y funcionarios que violaron derechos humanos de opositores al gobierno de Maduro; pero quiere poner también como objetivo a funcionarios, magistrados y empresarios que han actuado como sostén del régimen, y que pudieran ser objeto de bloqueo en el sistema financiero de Estados Unidos.
La lista menciona a un total de 56 personas, entre ellas 19 militares, 22 empresarios, 15 altos funcionarios gubernamentales, incluyendo a ministros, miembros del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Entre los miembros del TSJ destaca el magistrado Maikel Moreno, actual primer vicepresidente del organismo, a quien señalan como una poderosa figura que “ejecuta toda la política judicial” a fin de perseguir judicialmente a políticos de la oposición.
El informe aseguró que Moreno tiene residencia y viaja frecuentemente a Estados Unidos. El magistrado Moreno se encuentra investigado por el Departamento de Inmigración por presunto fraude inmigratorio en 2012 para obtener la tarjeta de residencia. La fuente consultada por Vértice indicó que el magistrado, que preside la Sala de Casación Penal del TSJ, también es objeto de una investigación en torno a la adquisición de dos aerolíneas que operan con aviones registrados en Estados Unidos, que habrían sido negociadas y adquiridas a bajo presión tras amenazas a sus dueños.
Otro funcionario mencionado es Erick Malpica Flores, ex Tesorero Nacional de Venezuela y vicepresidente de finanzas de la estatal petrolera Pdvsa. Es sobrino de la primera dama Cilia Flores. Ha sido señalado como responsable de controlar la entrega de contratos y pagos en Pdvsa desde la llegada del presidente Nicolás Maduro al poder. Malpica aparece mencionado en la investigación de la fiscalía de Nueva York contra los llamados narcosobrinos de Cilia Flores.
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