Hace un par de días, y después de la polémica planteada por algunos gobiernos miembros del Mercado Común del Sur (Mercosur), Venezuela asumió la presidencia pro tempore del organismo.
El tema del Mercosur no es un tema cualquiera para Venezuela, o por lo menos no debería serlo. De allí que preocupe a quienes dentro de la comunidad internacional abogan por el respeto al Estado de Derecho, lo que ha sucedido con el planteamiento de dicho caso.
El problema no es un gobierno pasajero, que hoy puede ser Venezuela, señalan, pero que mañana puede ser cualquier otro. El tema es la manera como se intentó aplicar la cláusula establecida en el Protocolo de Ushuaia (PU), instrumento jurídico adherido al Tratado de Asunción y de los respectivos Acuerdos de integración celebrados entre el Mercosur y otros países de la región, en el cual se reafirma el compromiso democrático de los Estados firmantes mediante la llamada “Cláusula Democrática”. Esta cláusula establece la posibilidad de exclusión del bloque al país donde se produzca la “ruptura del orden democrático”. Incluso establece la opción de aplicar sanciones comerciales o el cierre de fronteras, si fuere necesario.
Estando por finalizar el mandato de seis meses que le correspondía a Uruguay como Presidente Pro Tempore del Mercosur, Paraguay planteo su rechazo a que Venezuela, a quien le correspondía por rotación, asumiera la presidencia. A Paraguay se le unieron otros gobiernos, como Brasil y de allí en adelante se planteó la discusión sobre el derecho que le asistía a Venezuela para asumir la conducción política y legal del organismo.
Las razones aducidas por Paraguay, las cuales ya habían sido mencionadas por el para entonces presidente electo, Mauricio Macri, de Argentina, se referían a la actual crisis de gobernabilidad de Venezuela, en donde a la situación política de irrespeto a las instituciones del Estado, se le ha sumado la crisis de desabastecimiento de los productos básicos para sus habitantes, y la permanente violación de los derechos humanos.
¿Que si esto no es suficiente para considerar que se ha roto el orden democrático, o por lo menos que existe una gran fisura de este? La respuesta que a la generalidad de los ciudadanos no les gustara escuchar, es que para que ello ocurra es necesario demostrarlo, y para demostrarlo es fundamental cumplir con el procedimiento establecido en el mencionado Protocolo. Este Protocolo establece como requisito fundamental la necesidad de que la decisión que se acordare lo sea por aprobación de todos los gobiernos allí representados (Art. 6 PU), y después de analizar formalmente la situación, a cuyo efecto deberán establecerse consultas entre todos los Estados miembros entre sí, incluyendo al afectado, que en este caso era Venezuela (Art. 4 PU).
Solo cuando el resultado de estas consultas resultaren infructuosas, por cuanto que no lograren el restablecimiento de la situación, los demás Estados Partes del referido Protocolo, considerarán la naturaleza y el alcance de las medidas a aplicar, teniendo en cuenta la gravedad de la situación existente. Estas medidas abarcan desde la suspensión del derecho a participar en los distintos órganos de los respectivos procesos de integración, hasta la suspensión de los derechos y obligaciones emergentes de esos procesos (Art. 5 PU). En el caso de Venezuela, nada de esto se produjo.
A las opiniones de gobiernos como el de Paraguay, el cual mantiene el record de haber sido el único país sancionado por aplicación de la Cláusula Democrática (dos veces), se le unió la conocida diplomacia de micrófono: políticos de turno, tanto venezolanos, como de otros países, ex gobernantes, medios de comunicación, manifestaban su opinión casi unánime en cuanto a rechazar lo que todo el mundo sabe que sucede en Venezuela. No obstante, en vez de recurrirse al único mecanismo idóneo para evitar la participación de Venezuela, como lo es la aplicación de la mencionada cláusula, simplemente se recurrió a la retórica.
Esta situación en donde se pretende desconocer el derecho de Venezuela a liderar un organismo regional, debe llamar a la reflexión de los ciudadanos. El caso no es que en Venezuela no haya democracia, o que la corrupción ahogue los valores de quienes hoy en su gran mayoría ocupan posiciones de gobierno. Mucho menos puede negarse la crisis humanitaria que existe en el país, y la manera criminal como esta es abordada por el Presidente de la Republica. El hecho es que una cosa es la existencia de un gobierno oprobioso, y la necesidad de aplicar todos los correctivos legales para evitar que sus tentáculos destruyan a la región, y otra muy diferente son los derechos que como venezolanos le corresponde asumir a sus ciudadanos como orgullo de un país cuyo hijo ha sido aclamado por el mundo como el Libertador de los libertadores.
Pretender aceptar que el Mercosur aplique una sanción sin cumplir con los pasos y procedimientos expresamente establecidos, podría resultar tan criminal como lo sería que los venezolanos se regocijaran por que Guyana, cuya zona en reclamación está más que clara que pertenece a Venezuela por derecho, este explotando petróleo en aguas venezolanas y aprovechándose del oro que también se encuentra en territorio venezolano. Los intereses de los países miembros del Mercosur, como sucede con los de cualquier otro organismo, obedecen fundamentalmente a las necesidades y circunstancias de sus propios gobiernos.
Basta con mencionar a Brasil, la séptima economía del mundo, cuyo gobierno está en proceso de destituir de manera permanente a su Presidenta, y cuyo ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva se encuentra en entredicho por su participación en beneficios con empresas como Petrobras, o la conocida Odebrecht, la mayor constructora de América Latina, cuyo presidente fue condenado a cumplir 19 años de prisión. Un gobierno que alcanza el 7% de aprobación, con una moneda que se ha devaluado un 35% en lo que va del año pasado y un 55% en los últimos meses. Un gobierno en donde los más cercanos colaboradores del ex mandatario Lula están en prisión, y muchos otros están siendo investigados. Esto sin contar las acusaciones que penden contra los ex presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado. ¿Por qué no se aplica este mismo rasero a este país, por ejemplo?
Indistintamente de quien ocupe hoy en día la Presidencia de Venezuela, Mercosur es importante para el país. No solo por el aspecto comercial, sino porque de dicho Acuerdo se derivan otros derechos como la garantía de libre circulación entre los países pertenecientes al mismo. Mercosur como bloque económico es uno de los bloques que tiene una mayor producción de alimentos en todo el mundo. Por si esto fuera poco Mercosur posee una innegable relevancia geopolítica por cuanto que dos de sus miembros, Argentina y Brasil, son a su vez miembros del conocido “G-20”, grupo perteneciente a los países más poderosos del mundo y el cual representa el 85% de la economía mundial.
La historia suele refrescar la presencia de valores, como la conocida sabiduría aducida al joven Salomón, rey de Israel. De acuerdo al Libro I de los Reyes (3: 16-28), fue presentada a dicho rey una disputa entre dos mujeres, las cuales habían dado a luz casi en la misma fecha, pero cuyo hijo de una de ellas había fallecido. Ambas mujeres alegaban frente al monarca la maternidad del hijo vivo.
Viendo que era imposible reconciliar ambas posiciones, Salomón le ordeno a un guardia que tomara su espada y cortara al niño vivo en dos partes para entregarle a cada madre un pedazo. La madre falsa asintió tal acto bajo la conocida frase “Ni para mí ni para ti, que lo partan”. Lo demás es historia, la verdadera madre se arrojó a los pies del rey y suplicó que prefería le entregaran su hijo a la otra mujer, antes que verlo muerto. Salomón supo entonces quién era la verdadera madre.
Crear un precedente como el evitar que Venezuela asumiera el liderazgo de un organismo regional, amparados en la tragedia que sin duda enluta a muchos venezolanos es una situación que en un futuro podría revertirse en contra del país. Hoy Venezuela está dirigida por quienes han estafado la confianza de su pueblo, mañana lo estará por hombres y mujeres probos, ¿preferiremos los venezolanos que dividan en dos mitades a nuestro hijo vivo, simplemente para que el otro no lo tenga?