Un joven ayudante de albañilería, quien se encontraba recluido desde mayo en los calabozos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en Araure, estado Portuguesa, falleció este miércoles a causa de desnutrición severa y síndrome diarreico.
Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), informó que el recluso en espera de juicio resultó identificado como José Antonio Álvarez Castillo, de 24 años de edad, quien fue trasladado el 2 de julio hasta el hospital de la localidad, junto a otros tres privados de libertad que presentaban un cuadro de salud similar.
Por su parte, el padre del fallecido denunció que el muchacho fue sometido a tratos crueles desde el día de su detención, el 3 de mayo de este año. “En la Guardia no permiten visitas, sólo que se les lleve comida y agua. Cuando fuimos el domingo nos informaron que lo habían trasladado al hospital, al llegar allí nos enteramos que no lo querían atender los médicos, pero finalmente comenzaron a colocarle soluciones, mi hijo ya estaba muy mal”.
Añadió que “los funcionarios que están allí no permitían que ni siquiera su mamá lo visitara, porque estaba prohibido. En un momento de conciencia que tuvo mi hijo, nos dijo que no le pasaban la comida ni el agua, y que siempre los estaban amenazando”.
De igual manera, Prado informó sobre el fallecimiento del recluso en espera de juicio, Tulio José Soto Gómez, de 49 años de edad, por presunta caquexia (desnutrición, deterioro orgánico y gran debilitamiento físico). El hombre se encontraba detenido en las celdas de la Policía Municipal de Paz Castillo, estado Miranda, y murió minutos después de ser recluido en el hospital Luis Razetti.
Familiares de Soto Gómez relataron que fue apresado desde hace dos años, y presentó indicios de enfermedad luego de que le apareciera absceso en el recto, que luego le creció como un tumor en uno de sus testículos, por lo que no podía caminar. “A él le recomendaron un tratamiento, pero los policías no le daban las pastillas completas, por temor a que se envenenara”, enfatizaron.
¿Quién pasó estas armas?
Humberto Prado también hizo referencia al motín registrado en el Centro de Coordinación Policial Guaiparo, estado Bolívar, el cual dejó un saldo de dos muertos y diez heridos en horas de la noche del miércoles 10 de agosto.
Tras la reyerta, los funcionarios ejecutaron una requisa donde fueron incautadas 14 armas de fuego, 6 bombas lacrimógenas, una granada explosiva, 9 bombas molotov, 4 cuchillos, 18 teléfonos celulares, 7 cartuchos calibre 12, 9 cartuchos calibre 38 milímetros, 3 cartuchos calibre 9 milímetros, 29 cartuchos percutidos calibre 38 y 7 botellas de licor.
En el recinto también encontraron cartuchos percutidos calibre .40 y .45 milímetros, por lo cual es evidente que los reclusos portaban armas largas. No obstante, el arsenal fue presuntamente extraído por funcionarios policiales junto a una fuerte suma de dinero.
Al parecer, el motín se debió a una disputa entre un privado de la celda A y otro de la C. Los fallecidos fueron identificados como Iván José Santaella Romero de 46 años, y el Supervisor Jefe Luis José Rojas Susarey, quien aparentemente fue baleado por el “pran” de la celda A; mientras que entre los heridos de bala destaca el nombre de Jorge Luis Alvillar, jefe de régimen de los calabozos.
El 17 de mayo de este año, se registró una situación similar en estos mismos calabozos, durante el cual falleció el recluso Héctor Martínez. En aquel entonces, también se enfrentaron a mano armada por el poder de las celdas.
Traslado masivo al penal de Tocorón
Más de 800 reclusos provenientes de distintos centros de reclusión a escala nacional fueron trasladados al Centro Penitenciario de Aragua, mejor conocido como Tocorón, en horas de la madrugada del miércoles 10 de agosto, según reveló Humberto Prado.
Al parecer, la orden de traslado fue emitida del Ministerio de Asuntos Penitenciarios, cuyos funcionarios ejecutaron las medidas desde las cárceles de Carabobo, Caracas, Guárico y Lara. Familiares de los reclusos informaron que tenían meses esperando la reubicación, por lo que esperan que la cifra de traslados aumente al menos a 1.500 reos más.
“Tocorón está convertida en una bomba de tiempo en vista del hacinamiento crítico actual, aunado a los 340 reclusos del Centro 26 de Julio en San Juan de los Morros, que enviaron para Tocorón luego de que no les aprobaran el ingreso a la Penitenciaria General de Venezuela (PGV)”, puntualizó Prado.
Otras versiones indican que al menos 3.000 presos fueron trasladados a esta cárcel del estado Aragua, lo que aumenta a más de 11.000 internos que sobrevivirán en una infraestructura con una capacidad para 750 personas, convirtiéndose en el recinto carcelario con mayor hacinamiento y población penal de Venezuela.
En el Centro 26 de Julio también surgen denuncias sobre presencia de tuberculosis y sarna, que afectan a detenidos de ese centro de reclusión. En ese sentido, Prado solicita que investiguen sobre el estado de salud del interno Gabriel San Miguel, que aparentemente padece de neumonía.
Por último, el director del Observatorio Venezolano de Prisiones hizo un llamado a la Comisión de Culto y Régimen Penitenciario de la Asamblea Nacional, Ministerio Público, jueces de ejecución y Ministerio de Servicios Penitenciarios, para que se aboquen a solventar esta situación que posiciona a Venezuela como el país con las peores cárceles del mundo.
Nota de prensa