Si miramos a nuestro país vecino, la hermana Colombia, observamos cómo después de más de 50 años de confrontación, odios y una lucha fratricida que dejó una estela de muerte, están arribando a un acuerdo de paz para poner fin a una guerra originada por razones políticas y radicalismos ideológicos que les condenó a vivir en una situación que pudo obviarse a través del diálogo y la negociación, cuyos mecanismos hoy, con todas sus imperfecciones, demuestran su eficacia para superar lo que pudo haberse evitado. Valió la pena esa guerra para nuestros hermanos colombianos? Qué les dejó de positivo?. Ahora, Familiares y amigos de quienes fueron víctimas fatales de esos enfrentamientos, unos por sed de justicia, otros por venganza, al quedar marcados para siempre, consideran que no puede haber un borrón y cuenta nueva, sin que haya responsables que paguen las consecuencias. Será difícil restañar esas heridas!. Estaremos conscientes los Venezolanos del riesgo de entrar en un callejón similar al de Colombia, de profundizarse la confrontación? Estas luchas se sabe cómo empiezan pero nunca, como terminan.
Desde la elección del Presidente Chávez, he mantenido una actitud de oposición y distancia con este gobierno. Nada es totalmente bueno ni malo, pero son mucho mayores las cuestiones que me hacen diferir de este gobierno y su modelo político, de aquellas con las cuales pueda tener alguna identificación. Sin embargo, entre los aportes innovadores que deben reconocérsele al Presidente Chávez, porque fue de él la iniciativa y no, de nadie más, es el relativo a darle rango constitucional a la institución del Referendo, como legítimo derecho del pueblo para evaluar el desempeño de sus gobernantes. Los sectores opositores agrupados en la MUD están solicitando ese derecho constitucional, el cual pareciera contar con un amplio respaldo popular. El Gobierno y los sectores del GPP no deberían obstaculizar esa vía de solución a la crisis política, que el propio Hugo Chávez impulsó como un derecho constitucional de nuestra sociedad. Los Poderes Constituidos del País: CNE, TSJ, Poder Moral y la AN, deben observar y hacer valer lo contemplado en la Constitución, al igual que la FANB.
La movilización convocada para el 1 de septiembre, constituye un mecanismo ajustado a Derecho que la fuerza pública no puede obstaculizar ni desconocer, pero que representa un desgaste para el pueblo que está siendo conducido a extremar sus esfuerzos para evaluar la gestión de Nicolás Maduro y hasta cambiar de gobierno. Ojalá que nuestra crisis pueda encontrar salidas por las vías pacíficas y constitucionales. Ojalá que el demonio de la confrontación y el odio que parece estar saliendo de Colombia, no venga a habitar entre nosotros.