La designación de militares de alto rango para el control, supervisión y distribución de 18 rubros que registran mayor escasez, así como de otros funcionarios para los principales mercados mayoristas del país, no es sorpresivo, ni adoptado caprichosamente, ni mucho menos fortuito.
Por Pacífico Sánchez / Infografía: Omar David Suárez |El Impulso
Es consecuencia de la política instrumentada por el fallecido presidente Hugo Chávez, afirma el general Fernando Ochoa Antich, al ser entrevistado por EL IMPULSO.
Conviene recordar que el general Ochoa era el titular de la Defensa cuando Chávez y otros militares protagonizaron el intento de golpe de Estado el 4 de diciembre de 1992 contra el presidente Carlos Andrés Pérez. Luego sería canciller y embajador en México.
Comienza diciendo, en su diálogo con el reportero, que comparte la opinión de la Dra. Rocío San Miguel, en el sentido que en el presente régimen los militares designados para ocupar funciones en administración pública han fracasado desde el año 2000 cuando fue creado el plan de obras Bolívar 2000.
En esa ocasión, refiere, el presidente Chávez transformó los teatros de operaciones militares en teatro de operaciones sociales que generó inmediatamente un proceso de un importante nivel de corrupción en la Fuerza Armada.
No tengo duda, ya que conocí muy bien al hoy extinto comandante Chávez, de que su objetivo fue desmoralizar la institución armada.
Porque una vez que llegó al poder por la vía del voto consideró que para hacer realidad su proyecto hegemónico era necesario controlar dos factores tácticos muy importantes en el país: Petróleos de Venezuela (PDVSA) y la Fuerza Armada Nacional.
En esta comenzó la penetración ideológica que después de los sucesos del 11 de abril de 2002 se confirmó plenamente cuando llevó a cabo una purga masiva de oficiales que, públicamente, no eran favorables al proceso político que estaba desarrollando el Presidente de la República.
En ese entonces, mandó sin cargos y después al retiro a un número muy elevado de oficiales.
Al mismo tiempo, fue elaborada y aprobada una ley orgánica que establecía que los oficiales que estuvieran dos años sin cargo, pasaban automáticamente al retiro.
Fue así como de un solo firmazo, más de quinientos militares de alto rango fueron pasados a retiro.
Desde esos días se ha venido registrando una situación muy irregular dentro del seno de la institución militar.
Tengo la convicción -no porque haya contacto permanente con la Fuerza Armada sino por mi tiempo de servicio que me permitió conocer profundamente a la institución- de que hay un enfrentamiento muy fuerte entre dos grupos: el institucional, que mantiene los valores tradicionales; y el que ha sido ideologizado, a veces enviado a la Academia Militar ya habiendo sido influido por las ideas marxistas, para que estimulen ese proceso ideológico.
Esa lucha existe, afirma. Lo que está ocurriendo en la Fuerza Armada, en estos momentos, con Nicolás Maduro, es que ese grupo ideologizado ha ido disminuyendo.
–¿Cómo se explica si cada vez los militares están recibiendo mayores prebendas del Gobierno y son colocados en responsabilidades administrativas?
-Lo que sucede es que también ese grupo ideologizado ha sido impactado por la crisis económica y social que se registra nacionalmente como consecuencia del modelo impuesto por el régimen.
Los problemas de escasez y desabastecimiento de los principales rubros que conforman la canasta alimenticia, las colas que se forman durante muchas horas para conseguir con dificultad algunos productos, la falta de medicamentos que impide la realización de los debidos tratamientos a los pacientes y la cada vez mayor disminución de insumos en los hospitales que está ocasionando muertes de enfermos de todas las edades, así como la desenfrenada inflación, la pérdida de valor de la moneda, el aumento de la pobreza extrema, el malestar social que se ha venido generalizando tanto en el medio urbano como rural, así como la caída de la popularidad del Gobierno y el rechazo que tiene el Presidente de la República, porque no sólo ha sido causante de la crisis que nos agobia, sino que trata de atribuírsela a supuestos enemigos externos e internos. La realidad jamás puede ser ocultada. Y en el caso de la Fuerza Armada Nacional existen unos vasos comunicantes muy fuertes: la sociedad y la familia de cada uno de los integrantes de esa institución.
Esos vasos comunicantes tienen que estar llevando en estos instantes ideas contrarias al régimen y a esa ideología fracasada.
–¿Cómo observa la situación en este momento cuando el Presidente de la República y sus colaboradores no solamente niegan ser responsables de la crisis, sino que tratan por todos los medios de impedir que se reciba ayuda humanitaria y, además, que no haya una salida política que reabra el rumbo democrático? ¿ Cómo está quedando la Fuerza Armada cuando está siendo incorporada a ser partícipe de la gestión de Maduro con decisiones como la ya mencionada de altos oficiales encargados de ver cómo se resuelve la escasez de rubros de gran demanda?
-La situación es sumamente grave. En la práctica hay un golpe de Estado porque las decisiones que ha venido tomando el Tribunal Supremo de Justicia, designado por la anterior Asamblea Nacional cuando ya esta tenía su período vencido y naturalmente habían vencido sus facultades para tomar decisiones de trascendencia como esa, no tiene legalidad, porque los magistrados fueron escogidos inconstitucionalmente.
Muchos de esos magistrados, comprobadamente, no reúnen las condiciones mínimas que establece la propia Constitución para ser integrantes de las diferentes salas que conforman el Poder Judicial. Y lo más grave es que esos funcionarios están dictando sentencias en contra del Poder Legislativo, electo por una mayoría indiscutible el pasado 6 de diciembre, fecha en que la Asamblea Nacional obtuvo definitivamente la mayoría calificada para ejercer sus funciones.
El argumento que ha venido utilizando el máximo tribunal de la República para anular las decisiones legislativas es que los parlamentarios de Amazonas no debieron haberse juramentado e incorporado a la cámara como lo hicieron hace unos días. Pero, el parlamento a través de su directiva y de los propios parlamentarios democráticos esperaron más de 6 meses para que el TSJ dictara una sentencia cuando se les suspendió su incorporación tras ser electos. De igual manera si había elementos para una invalidación, tenían que haber determinado la necesidad de realizar unas nuevas elecciones en el mencionado estado.
Ha violentado el TSJ la soberanía popular representada en el voto del 6 de diciembre de 2015 al desconocer la Asamblea Nacional. La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿cuál va a ser la posición que tomará la Fuerza Armada ante esa crisis institucional? Yo no tengo respuestas. No soy oficial activo, pero espero que el ministro de la Defensa y los altos mandos reflexionen largamente sobre tan grave situación institucional que está enfrentando Venezuela.
Ese problema político sumamente delicado influye en la trágica situación económica que estamos viviendo los venezolanos.
Es imposible que se pueda resolver esa inmensa crisis social y económica que está padeciendo el pueblo venezolano sin que haya un cambio político en el país.
El camino está ahí en la Constitución: hacer el referendo revocatorio este año porque los tiempos lo dan. Es absolutamente irregular lo que ha venido haciendo el Consejo Nacional Electoral de tomar los plazos que son de una fecha a otra como la fecha final para lograr ir alargando el proceso del referendo.
Insisto en que todavía hay tiempo de que el CNE reflexione sobre la necesidad de que actúe apegado a la Constitución y a su propia ley, porque la crisis que sufre la población se ha tornado cada vez más difícil de resolver y ninguna de las medidas que tome el Ejecutivo nacional, como esta de haber nombrado altos oficiales para encargarse del control, supervisión y distribución de productos de primera necesidad, tendrá éxito. Y será así porque la situación ha sido producto de malas políticas económicas, enmarcadas en un modelo que no ha surtido efecto en el mundo.
Coordinadores de mercados
El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, tal como había prometido al ser nombrado co-responsable de la Misión de Abastecimiento, designó a militares de alto rango para ejercer como autoridades únicas en los principales centros de abastecimiento que funcionan en Venezuela.
Es así como ya están nombrados los coordinadores para la cabal implementación de la misión de abastecimiento soberano en el resguardo, seguridad y funcionamiento de los mercados mayoristas del país son:
-Mercado de Catia, general Víctor Gregorio Chourio Andrade.
-Mercado de Coche, general Héctor Armando Hernández Da Costa.
-Quinta Crespo, general José Oscar Carrizales Flores.
-Mercado Mayorista de Barquisimeto (Mercabar), general José Gerardo Razo Villamizar.
-Mercado de Valencia, general Carlos Alejandro Ríos Urbano.
-Mercado de Aragua, general Douglas Víctor Augusto Palacios García.
-Mercado de Petare, general Carlos Alberto Santeliz.
El rol del Jefe de Estado
Hay que observar detenidamente el proceso en que se encuentra el titular de Defensa. Se pensó que había comenzado su fortalecimiento cuando logró que destituyeran del cargo al comandante de la Guardia Nacional y al comandante de la Armada.
Pero, a los pocos días, utilizando el argumento de que el general Néstor Reverol había sido acusado por los Estados Unidos de estar presuntamente incurso en hechos delictivos, fue nombrado por el presidente Nicolás Maduro, ministro de Relaciones Interiores y al general Padrino López lo desplazan.
Porque si alguien está cumpliendo las funciones que actualmente tiene asignadas el ministro de la Defensa, como es la de ser co-responsable de la Misión Abastecimiento Seguro y Soberano, se le está disminuyendo en el cargo. No se puede entender que esté compartiendo el papel con el jefe del Estado.
Es una maniobra que tiene como objetivo crearle ambiciones. Podría ser nombrado vicepresidente para que después asuma la presidencia, pero, por supuesto, teniendo detrás a Maduro si este es revocado en el referendo.