La Justicia argentina determinó hoy que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) deberá acudir el próximo 20 de octubre a declarar en calidad de investigada por presuntas irregularidades en la concesión de obras públicas durante el kirchnerismo.
EFE
Esta es la segunda vez que Fernández es llamada a declaración indagatoria desde que dejó la Presidencia, luego de que en abril pasado se sentara frente al juez por presunto perjuicio económico al Estado por la venta de futuros de dólar en el Banco Central al final de su mandato.
Ahora, el juez federal Julián Ercolini dispuso en un dictamen de 29 hojas la citación de la ex jefa de Estado y otras 16 personas, entre ellas exmiembros del anterior Ejecutivo, como el exministro de Planificación Federal Julio De Vido y el exsecretario de Obras Públicas José López, y empresarios como Lázaro Báez.
El magistrado investiga el presunto direccionamiento de la adjudicación de la obra pública y el diseño de un esquema de “beneficios exclusivos” a favor del Grupo Austral, propiedad de Báez -actualmente detenido por otra causa por presunto lavado de dinero-, en detrimento de las arcas del estado.
Además, Ercolini dictó como medida cautelar la inhibición (bloqueo) general de bienes de los citados.
El pasado 16 de agosto, los fiscales del caso, Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, solicitaron al juez que Fernández fuera llamada a declarar por presunta administración infiel y negociaciones incompatibles con la función pública.
El Ministerio Público Fiscal vio indicios de que existió un plan para realizar millonarias obras públicas en la sureña provincia de Santa Cruz beneficiando a Báez, quien fue estrecho colaborador del fallecido expresidente Néstor Kirchner (2003-2007).
La causa, abierta en 2008 por una denuncia formulada por, entre otros, la actual diputada oficialista Elisa Carrió, busca determinar si entre 2003 y 2015 los imputados integraron una “organización criminal” ideada para “beneficiarse ilegítimamente” con el dinero público en “consecuente y grave detrimento” de las rentas de la Nación.
En su dictamen, publicado por el Centro de Información Judicial (CIJ), Ercolini añade que se encuentran incorporados “elementos de convicción bastantes” como para fundamentar la “verosimilitud de la hipótesis criminal bajo estudio”, y los “consecuentes montos millonarios emergentes de la maniobra”.
Báez, principal adjudicatario de obra pública durante el kirchnerismo en el sur del país, permanece detenido desde abril en el marco del expediente conocido como “Ruta del dinero K (Kirchner)” por encabezar, presuntamente, una red de lavado de dinero, en el marco del cual la Fiscalía también pidió investigar a Fernández.
No obstante, el nombre de Báez aparece también en otras causas que investigan presuntos manejos irregulares en sociedades de la expresidenta Cristina Fernández y su entorno familiar.
En ese sentido, Ercolini también está al frente del caso “Hotesur”, empresa administradora de hoteles de la que la exmandataria es accionista, sobre la que el propio magistrado recordó hoy que se investigan “presuntos retornos a la ex familia presidencial”,que “provendrían de los fondos obtenidos ilícitamente a costa del erario público”.
Una pesquisa que tiene por objeto determinar si parte de los llamados hoy a declarar fueron beneficiados por los pagos que distintos empresarios, favorecidos por el Estado, habrían realizado a su favor, a través contrataciones con relación a sus complejos hoteleros de los Kirchner, subrayó Ercolini en su resolución.
Asimismo, ese caso también investiga si ello “les habría permitido otorgarle el carácter de legal al dinero percibido a través de la espuria asignación de obra pública”, subraya el juez.
La expresidenta, que no goza de fueros, ha reiterado en los últimos meses que su situación con la Justicia es fruto de una persecución política, mediática y judicial.