“Dos signos han definido la actuación estadal frente a la presunta conducta delictual de Kamel Salame, la detención preventiva por más de 10 años como la regla y, en consecuencia, el retardo crónico del proceso penal incoado en su contra, sin apertura del juicio durante un lapso excesivamente prolongado. Esto se tradujo en violaciones de las garantías judiciales básicas de cualquier privado de libertad; no obstante, aspiramos que el Poder Judicial le pondrá fin a estas trasgresiones oportunamente”, expuso José Luis Centeno, apoderado judicial del preso político yaracuyano.
En opinión del jurista Robert Alvarado, “en relación a nuestro defendido, el sistema judicial prescinde de garantías procesales acordes a la normativa internacional de derechos humanos, evidenciándolo con el uso tan prolongado de la detención cautelar, que no solo viola principios y garantías fundamentales de la justicia democrática, como el principio de legalidad, sino también preceptos constitucionales sobre derechos fundamentales como la garantía de juicio en un plazo justo y razonable, por eso nuestra exigencia central al Poder Judicial es celeridad procesal y de otorgamiento de beneficios procesales, penales y humanitarios a Kamel Salame”.
“Toda persona detenida a causa de una infracción penal tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o puesta en libertad en espera de un juicio -precisó Alvarado-, en el caso de nuestro representado, el Estado no ha hecho ni una cosa ni la otra, sino todo lo contrario, proceder incompatible con las obligaciones internacionales del Estado venezolano en materia de derechos humanos, ese hecho confirmaría que bloquean el juicio a Kamel Salame con graves violaciones a los derechos humanos, cuyo epicentro sería el Tribunal Quinto de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua, órgano jurisdiccional que carecería de las garantías requeridas de independencia y eficacia”.
Nota de prensa