Hasta el mediodía de ese sábado, 5 de marzo, todo en el oficialismo era conmemorar los tres años de la muerte de Hugo Chávez. En la Plaza Bolívar de San Félix, el gobernador Francisco Rangel Gómez recordaba las vivencias del presidente y repetía con insistencia: “Chávez vive, la lucha sigue”, reseñó El Correo del Caroní.
Por Marcos David Valverde
En la región, era eso lo que ocupaba a los medios oficiales y a otros ni tan oficiales: el calor guayanés del sábado prometía una jornada sin contratiempos. Pero ya en ese momento Tumeremo era un hervidero: desde la noche del viernes, más de 20 trabajadores de las minas en el sur del país habían desaparecido. Y desde allá, sin ecos, se hablaba de una masacre, de las mafias y de el Topo.
Sobre el mediodía las informaciones llegaron graneadas. El diputado por el circuito 3 del estado Bolívar, en el sur del país, Américo De Grazia, fue de los primeros en replicarla y en llegar al municipio Sifontes. Y en confirmar que, en efecto, el pueblo era ese hervidero.
A cuentagotas, Correo del Caroní ensambló la primera nota: Pobladores de Tumeremo trancan vía a Gran Sabana para exigir respuestas sobre mineros desaparecidos. Allí se daba cuenta de la balacera en el fundo Atenas y a el Topo, pran de explotadores ilegales de oro, como responsable.
Las voces se enfrentaban: por una parte, los familiares y los habitantes de Tumeremo exigían la entrega de los cuerpos. Por otra parte, la réplica de Rangel Gómez: “Una vez más politiqueros irresponsables pretenden generar zozobra en el sur de #Bolívar son FALSAS informaciones sobre mineros asesinados”. Minutos después, el tuit con el que pretendió sellar el asunto: “Cuerpos de seguridad efectuaron revisión del lugar donde presuntamente ocurrió ‘la masacre’ y no fue encontrado indicio o pruebas del hecho”.
Ese sábado y el domingo siguiente, los medios públicos continuaron con la política del silencio: si no eran el eco del desmentido de Rangel Gómez, enfocaban el grueso de sus espacios en los homenajes a Hugo Chávez.
La actuación obligatoria
El domingo y el lunes continuó el cierre de la única vía que conecta al país con el sur del estado Bolívar y el único acceso terrestre a la Gran Sabana. A partir de entonces, el Estado actuó: primero, la Defensoría del Pueblo, incluyendo a su máximo representante nacional, Tarek William Saab, se trasladó a Tumeremo y, finalmente, la titular del Ministerio Público, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, dos voces fuertes además dentro del oficialismo, y quien también conversó con los familiares. En contraste, la propaganda de Rangel Gómez seguía haciendo de las suyas con la difusión de un documento titulado En claves: la masacre virtual de Tumeremo. Su fundamento: que no había mucho asidero para que algo así ocurriera, pues los denunciantes principales, Andrés Velásquez y Américo De Grazia, mantenían contactos y negocios con laminería ilegal.
El muro propagandístico gubernamental se empecinaba en silenciar el dolor, la impunidad y la anarquía en el sur del estado. En ese momento surgió la alianza en la que El Pitazo, Runrunes y Correo del Caroní desplegó a sus equipos periodísticos. Sin distingos entre firmas ni prevalencias de egos.
El trabajo se desarrolló así y así mismo se cumplió una semana sin noticias sobre los cuerpos, hasta el lunes 14 de marzo, cuando la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, anunció el hallazgo de los cadáveres.
Además del estallido en las redes sociales contra de Rangel Gómez, los detalles fueron revelándose: al menos 17 cadáveres estaban enterrados en una fosa común en la mina Nuevo Callao, en el municipio Sifontes.
Primero, Tumeremo
Nada quedó allí. El dolor de los familiares debía conocerse. La alianza continuó. Y continúa, ahora, en la nominación a un premio. Un premio en la que hubo 1.608 postulaciones y en la que, finalmente, se anunciaron tres finalistas en cuatro categorías: Texto, Imagen, Innovación y Cobertura. Entre esos últimos, está la alianza a la que pertenece Correo del Caroní.
¿Qué representa ese premio, llamado, nada menos, Gabriel García Márquez? Primero, uno de los anhelos del autor de Cien años de soledad para reconocer el trabajo periodístico de calidad en Iberoamérica (si es que hablar de periodismo y calidad no es lo mismo). Su aporte: la creación de la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI). Es la institución que prevalece como parte de su legado: es la institución que entrega los premios.
Una opinión al margen: más allá de la alegría genuina por la nominación, la celebración no puede prevalecer. Debe tomarse en cuenta que la postulación parte de la cobertura de un hecho que dejó a decenas de familias desmembradas y embarradas con el dolor de una masacre que, hasta ahora, permanece entre la impunidad.
El día que haya justicia, seguramente habrá razón para celebrar. Mientras tanto, no la hay: además de ese dolor, la masacre de Tumeremo desveló, una vez más, el fracaso de un gobierno y su cómplice omisión ante lo que ocurre en el sur de Bolívar.
Entre las reflexiones que surgen, despunta la apuesta por la desintoxicación y la dignificación de los premios regionales y municipales de periodismo y en la necesidad de que se reconozca la calidad, independientemente de las categorías y, sobre todo, sin manos pesuvistas, adecas, copeyanas o causerristas que intervengan. Un premio digno de una comunicación social distinta que demuestre a un país distinto.
La nominación al Premio Gabo, ante todo, es el tributo a esas víctimas y a sus parientes. El orgullo pletórico de esta alianza, principalmente, fue acompañarlos en sus valientes denuncias contra el tinglado publicitario con el que Rangel Gómez pretendió hundir sus voces. Eso vale más que cualquier premio.