Al Palacio de Justicia del estado Zulia, acudió este miércoles el equipo legal del diputado Lester Toledo en compañía de la esposa y de la madre del legislador, para conocer el estado de su caso.
Tras sostener una reunión con la juez Verónica Valbuena Vera, quien lleva el caso ante el Tribunal Décimo Estadal de Control, el reconocido abogado Jesús Vergara en compañía de Yenny Chacín de Toledo, Yadira de Toledo y Gustavo Ruiz, representante legal del partido progresista, solicitaron información sobre las acusaciones que enfrenta Toledo, obteniendo como respuesta que fue emitida una boleta de aprehensión.
“Efectivamente corroboramos que desde el 29 de agosto fue librada orden de aprehensión contra Lester Toledo, por los delitos de asociación para delinquir y financiamiento al terrorismo, la situación procesal y la misma situación del país, nos hace presumir que, de presentarse Toledo, su caso sería radicado a Caracas y su sitio de reclusión sería el SEBIN, lo que no garantiza su derecho a la integridad física y mental”, informó Vergara.
El especialista en derecho penal hizo referencia al caso del líder opositor Leopoldo López, asegurando que de presentarse, Lester Toledo podría sufrir las mismas condiciones de hacinamiento, tortura física y psicológica que enfrenta López.
“Hemos decidido que las condiciones no son prestas y no existen garantías procesales, para que enfrente un juicio que debería ser en libertad si nos regimos por la Constitución que contempla la presunción de inocencia. Sin embargo, dada la naturaleza política y las denuncias que ha venido haciendo Lester, sobre hechos de corrupción en el estado Zulia, impiden que cualquier juez en el circuito judicial penal del estado sea llamado y el caso pasaría directamente a Caracas”, sentenció.
Asimismo, el presidente del escritorio jurídico “Ley y Justicia”, aseguró que el dirigente nacional de la tolda naranja, Lester Toledo, se encuentra resguardado estudiando las acciones legales que podrían tomarse ante esta acusación y solicitud de captura, considerando las anomalías que se han observado en torno al caso.
“Pese a que no nos permitieron el acceso a las nuevas actas, pudimos constatar que se trata de un expediente viejo del 2014, del cual las actas si son públicas y notorias, donde existe un supuesto testigo que habría confesado que Lester Toledo le estaba financiando, esta confesión fue realizada a cambio de una medida de libertad cautelar, incriminando al diputado en los hechos suscitados en el 2014 en las Torres del Saladillo”, expresó Vergara refiriéndose a las declaraciones que involucran al legislador.
Carencia de pruebas
Con respecto a los citados hechos de 2014 y las nuevas acusaciones en contra de Toledo, el abogado penalista agregó, “recuerden que aquí las pruebas las fabrica el Ministerio Público, no se puede constatar ni vincular al diputado como para imputarlo a él directamente como autor, cómplice o encubridor de estos crímenes”.
Prosiguió expresando que no se trata de pruebas físicas que puedan probar la participación del legislador zuliano en algún hecho de violencia. “Se trata de conjeturas y supuestas pruebas claramente fabricadas por este muchacho que fue obligado a confesar la participación de Lester a cambio de su libertad”, concluyó.
Recordó además las medidas internacionales que reposan sobre Toledo y su familia a quienes le fue emitida una medida cautelar y de protección por un organismo internacional en defensa de los Derechos Humanos como lo es la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), refiriéndose a las próximas acciones de defensa que se estudian, así como la medida de protección solicitada por su esposa ante Fiscalía General.
Violentarían el proceso
En relación al extraño proceder del allanamiento que fue realizado en su residencia, sin portar órdenes, o justificación de la requisa, el defensor aseguró que violentaba las leyes pues en el Código Penal y en la Constitución nacional reza como un delito “la violación al domicilio”.
“Ellos actúan en el orden que desean, disparan primero y averiguan después, son ilegales e inconstitucionales estos allanamientos, violatorios a la garantía legal de la inviolabilidad al hogar y la vida privada”, expresó Valbuena.
Recordó a su vez que el correcto proceder con los allanamientos debe llevarse a cabo con la presentación de un orden, donde especifique la residencia a requisar y qué se busca en específico, cosa que no fue cumplida, lo que implica un delito.