¿Por qué en la patria de Simón Bolívar, a quienes hacen política de oposición, reclaman derechos, piden cuentas claras y justicia, los reprimen y tratan como delincuentes? ¿Por qué este gobierno dispara contra la multitud y luego endosa la culpa de heridos y muertos a quienes protestan? ¿Por qué, con la más sofisticada ilegalidad, imputa falsamente a líderes opositores y los envía a las cárceles para someterlos a los más penosos métodos de tortura, además de violar sus hogares y perseguir a sus familiares? ¿Acaso estas no son prácticas de terrorismo de Estado? Todo el mundo se da cuenta, no necesita lentes de aumento ni análisis psicológicos para percibir la jugada arbitraria y peligrosa que el gobierno urde para reprimir a los dirigentes políticos de la oposición. ¿Cuántos por hacer política están tras las rejas o son objeto de represión desde que este grupo, mal llamado socialista, se apoderó del poder? ¿Por qué y para qué reprimen, persiguen y apresan o tratan de intimidar a todo aquel que piense diferente?
¿Será una celada para provocar y luego reprimir al reclamante pueblo, con destino a encontrar, el inapelable uso institucional de las armas, hasta someter al país, total y definitivamente? Y todo porque creen, que con el monopolio de las armas, puede hacerlo y ganar su planificada guerra. Desde 1998, este grupo que se hace llamar socialista, declaró la guerra y la oposición no quiso escucharla. Pero por despilfarro de los petrodólares, la mala administración de PDVSA y todas las Industrias Básicas, el saqueo al Banco Central de Venezuela y falta de prevención político-administrativa, la guerra y el “plan socialista”, al parecer, se les fue a pique. Ya no tiene nada que dar. Esto es, ahora busca ocultar su fracaso. Por ello, el gobierno, intenta silenciar y neutralizar al pueblo con más represión porque se le agotaron los petrodólares, y con ellos, el discurso político. Y para mantenerse, persigue y encarcela a los más destacados líderes de la oposición. Ante la inminencia de alguna protesta, amenaza con más hostigamiento sin dar soluciones a los problemas de la población. No acepta su responsabilidad. Oculta a su mediocre desempeño culpando y difamando a la oposición. Aquí no hay socialismo ni democracia, hay fracaso. Solo hay una aparente libertad para detener la invocación de la Constitución Nacional y contravenir al reclamo de las ONGs y organismos nacionales e internacionales. Vamos para dos décadas de arbitrariedad y usurpación, sin contar el saqueo contra las arcas del Tesoro Nacional, hecho con la más escandalosa impunidad.
Sigmund Freud, nos dice que: “El primer requisito de la civilización es la justicia.” Ignacio T. Lucero, en su estudio sobre La Filosofía del Derecho de Tomás D. Casares, anota: “El objeto de la justicia es el derecho porque es el reconocimiento de aquello a que cada uno está obligado con respecto a los demás.” Si hay justicia selectiva y malintencionada actitud contra un sector de la población, se puede inferir, que el gobierno para segregar políticamente, enajenó al Poder Judicial y anuló el estado de derecho. Entonces, en esta truncada guerra, ¿en qué se convierte un gobierno que despoja de su independencia al Tribunal Supremo de Justica, presiona a magistrados y jueces, se guarda para sí el derecho y aplica justicia selectiva, en contra de los derechos de los dirigentes políticos que apresa? Este gobierno oficializó las violaciones a la Carta Magna, esto, por demás, lo ilegitima. La detención y juicios amañados en contra de Leopoldo López, Antonio Ledezma, Manuel Rosales y Daniel Ceballos junto a otros centenares de presos políticos y miles de manifestantes en régimen de presentación, ejemplarizan estas aseveraciones.
Ahora se ensañan contra otros líderes y tienen un aplique especial contra el dirigente de VP, Lester Toledo. Esto resulta, solo por pedirle respuestas al gobernador Francisco Arias Cárdenas por las obras inconclusas y abandonadas, durante su gestión, en el Estado Zulia. Pareciera, que pedirle cuentas y justicia a los gobernantes es delito. Entonces, ¿para qué sirve la Constitución? ¿Por qué evaden el artículo 49 del debido proceso y desoyen el precepto del artículo 72 que manifiesta que todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables? ¿Cuál es la intención de desatender el artículo 143, que expresa que todas las personas tienen el derecho a ser informadas oportuna y verazmente por la Administración Pública? Entonces, ¿quiénes hacen política al margen de la ley? Recuerden, que quien obtiene triunfos mediante la división de un país, tendrá gobiernos inestables, hundidos en la banca rota, y por todas las arbitrariedades que de allí surgen, jamás obtendrá el éxito definitivo de la victoria final. Venezuela es un ejemplo, por ello está urgida de unidad y democracia.
Víctor Vielma Molina/Educador/victormvielmam@gmail.com