La posibilidad de una intervención en la Penitenciaría General de Venezuela, en la población San Juan de los Morros, estado Guárico, generó tensión en los reclusos de ese penal que rechazan la medida. Desde el lunes los alrededores de la PGV están rodeados de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, incluso con tanquetas. Comisiones mixtas de otros organismos de seguridad del Estado llegaron ayer para reforzar los alrededores, publica El Nacional.
LAUDELYN SEQUERA
SANDRA GUERRERO
Ayer en la mañana circuló la versión en San Juan de los Morros de que los presos habrían amenazado con lanzar granadas en escuelas si las autoridades insistían en intervenir el penal. El comentario generó alarma y angustia en la población, y muchos padres no enviaron a sus hijos a clases en prevención. También se dijo que los colegios habían sido desalojados. Sin embargo, Mayerlin Colmenárez, jefe de Distrito Escolar de San Juan de los Morros, desmintió esa versión e informó que las actividades escolares no estaban suspendidas y garantizó la seguridad en los centros educativos de la zona.
La angustia creció cuando ayer en la mañana funcionarios de seguridad se desplegaron en la invasión Valles del Morro, que colinda con la PGV, en busca de 84 granadas que fueron robadas el fin de semana pasado del Fuerte Conopoima, en San Juan de los Morros. Toda la zona fue desalojada temporalmente y la policía revisó sus documentos de identidad a los habitantes.
El operativo en los alrededores de la PGV lo encabeza el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro del estado Aragua, pero estaría integrado por 500 agentes entre GNB, Policía de Guárico y el Sebin. La numerosa presencia de funcionarios se observa en los alrededores de la cárcel. Se conoció que el lunes fueron desalojados los familiares de los presos que pernoctaron el fin de semana en el recinto carcelario.
La visita de parientes de reclusos fue suspendida ayer, y se quedaron aproximadamente a 500 metros del retén, luego de conocer la decisión. Los accesos al penal están cerrados y custodiados por personal de seguridad.
Los familiares de los presos señalaron que sus parientes recluidos en la PGV les notifican a través de llamadas telefónicas que no se ha registrado enfrentamiento con militares o policías, pero que sí existe tensión por lo que ocurre en la parte externa, rodeada de s policías y militares. La comunidad carcelaria confirmó que ningún organismo ha incursionado dentro del penal.
No descartan la intervención
Humberto Prado, director general del Observatorio Venezolano de Prisiones, dijo que a través de un coordinador de Derechos Humanos de la ONG en el estado Guárico, se confirmó que efectivamente desde hace días se están desalojando espacios aledaños a la PGV, incluidas escuelas y hasta la Universidad Rómulo Gallegos, además de que hay sitios donde no se permite el paso de vehículos.
“Lo que se dice es que el Estado tomaría la PGV, aunque eso no es oficial”, dijo Prado. Agregó que han formulado demasiadas denuncias sobre hechos irregulares ocurridos en ese penal, que tiene aproximadamente 6.000 recluidos. Se refirió al último suceso en el que, a consecuencia del estallido de un artefacto, murieron reclusos y personas ajenas a la PGV, y no hubo información oficial sobre lo ocurrido antes de que celebraran el cumpleaños del pran. “Esa cárcel es una vergüenza nacional”, señaló, y dijo que en la PGV han tomado como rehenes a militares y a custodios.
“El Estado debe asumir la responsabilidad de la cárcel para que no esté en manos de los presos”, indicó. Agregó que en caso de que haya intervención de la PGV deben respetar y garantizar los derechos humanos de los reclusos.