La diputada a la Asamblea Nacional por el estado Sucre Milagros Paz, se comprometió este lunes a llevar ante la Comisión Permanente de Administración y Servicios los reclamos que desde hace casi tres años vienen haciendo los trabajadores de BusCumaná y cuyo colofón se vivió el pasado sábado con la paralización indefinida de 18 rutas y 240 unidades, tras la detención arbitraria de uno de los conductores.
La parlamentaria señaló que los trabajadores del sistema de transporte público adscrito a la Alcaldía de Cumaná decidieron suspender la prestación del servicio en sus rutas urbanas y extraurbanas luego que un conductor de la ruta Cumaná-Casanay fue detenido, según la directiva de BusCumaná, por cobrar en efectivo el pasaje. Sin embargo Mayker Vásquez, secretario general del sindicato que los agrupa, calificó la medida como injusta toda vez que hay unidades a las cuales no se les ha instalado el sistema electrónico de recaudación.
Paz, quien también es coordinadora regional de Primero Justicia Sucre, denunció que los trabajadores de BusCumaná se encuentran entre la espada y la pared, pues ante la violación permanente de sus derechos laborales por parte de la directiva que preside el alcalde David Velásquez, la empresa ha optado por perseguir a quienes osan hacer del conocimiento público la irregularidad.
“Ya basta de atosigar a casi un centenar de trabajadores que sale a diario a medio ganarse el pan para sus familias. Los afectados nos han manifestado que la empresa mantiene deudas socioeconómicas que se niega a cancelar y cada vez que exigen su cumplimiento son maltratados y acosados. Este es el único país donde reclamar los derechos se ha convertido en un delito”, señaló Milagros Paz.
La diputada a la Asamblea Nacional levantará un expediente con los testimonios aportados por trabajadores y miembros del sindicato a fin de consignarlo ante la Comisión Permanente de Administración y Servicio. “Vamos a solicitar la interpelación de David Velásquez para que explique cuál es la situación financiera de BusCumaná y por qué mantiene deudas millonarias con los trabajadores del volante adscritos a esta compañía”, indicó.
El sindicato de trabajadores está exigiendo la liberación del conductor detenido, la remoción de la directiva de BusCumaná, el pago de las deudas contraídas y mejoras en las condiciones laborales.
BusCumaná entró en funcionamiento en noviembre de 2013 y arrancó con 75 unidades, la mayoría de las cuales funcionaba con gas natural vehicular. Sin embargo, muchas de ellas se encuentran paralizadas por falta de mantenimiento y repuestos.
Desde su nacimiento, las irregularidades denunciadas han sido el plato fuerte: a finales de 2014 despidieron a 12 trabajadores por reclamos laborales y pese a una medida de reenganche ordenada por la Inspectoría del Trabajo del estado Sucre y el decreto de inamovilidad laboral, la directiva de BusCumaná se negó a cumplirla; en diciembre de 2015 fue paralizado el 80% del servicio por deudas tales como el pago del bono navideño, el HCM y la asignación de cargos fijos y malas condiciones laborales; en enero de este año, las 12 rutas de BusCumaná se vieron afectadas por daños en la planta de abastecimiento de gas; y en agosto de este año militantes del partido de gobierno denunciaron la presencia de un cementerio de autobuses Yutong pertenecientes a la flota de BusCumaná, en un estacionamiento de Petróleos de Venezuela en la zona industrial El Peñón.
Nota de prensa