En los últimos meses la careta totalitaria ha terminado de caer, reafirmándose que para el oficialismo “el fin justifica los medios”, y que el objetivo último es aferrarse al poder “como sea”, sin reconocer el derecho de la población a promover la revocatoria del mandato presidencial, a la vez que se subordina a objetivos ideológicos foráneos y hunde al país, sin voluntad de diálogo o rectificación alguna, en la peor crisis humanitaria desde que existe como nación independiente.
Es doloroso constatar el caos imperante en Venezuela en todos los órdenes: el económico, caracterizado por la hiperinflación, el desbarajuste monetario, la quiebra de PDVSA, la insolvencia fiscal, la caída de las reservas internacionales, la ubicación del país entre los de peor desempeño del mundo, la destrucción de valor y del aparato productivo, la persecución a la iniciativa privada y un nivel de desabastecimiento propio de una economía de guerra. En el orden político-moral: el recrudecimiento de la persecución contra la disidencia y la terca negativa a liberar a los presos políticos; la impunidad cómplice ante la corrupción y la protección a funcionarios públicos involucrados en robos, narcotráfico o lavado de activos, algunos de los cuales son premiados con posiciones ministeriales; la toma del país por la delincuencia y el crimen organizado bajo la anarquía y la anomia; el estímulo a colectivos armados de alta peligrosidad; el otorgamiento de contratos a allegados al régimen, como el concedido recientemente a William Ruperti para que se enriquezca, reparta beneficios y financie la defensa jurídica de los “narcosobrinos” detenidos en EUA; y la militarización del gobierno, a niveles que sorprenden a propios y extraños. En el orden institucional, el desconocimiento de las atribuciones de la Asamblea Nacional por parte de un Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) designado de manera inmoral, convirtiendo a dicha institución en el centro de atrocidades jurídicas, como “bufete jurídico” que es del gobierno; el afán de Maduro de gobernar mediante Decretos de Emergencia Económica espurios; las limitaciones a la libertad de prensa y de información; las trabas impuestas por un CNE impúdico a salidas constitucionales como lo es el referéndum revocatorio, tensando más aún la crisis, o la no convocatoria a las elecciones regionales que deberían celebrarse en los próximos meses, las cuales, al decir de voceros del régimen “no son prioritarias”. En lo internacional, la profundización del desprestigio del régimen, el creciente éxodo de venezolanos al exterior, causante de la pérdida de talento humano, disgregación de las familias, problemas humanos y migratorios; los fracasos sufridos en la OEA, el Mercosur, los organismos encargados de Derechos Humanos y en la reunión de los No Alineados organizada en Margarita, a inmensos costos. En suma, un cuadro patético, deplorable, depredador.
El obtuso régimen, al mejor estilo castrocomunista, lleva al país al aislamiento y a una peligrosa ruptura. Basta con escuchar a la fanática camarilla cercana al gobernante: los hermanos Rodríguez, Cabello, Al Aisami, Jaua, Bernal y compañía, proclamar que no habrá revocatorio ni ahora ni en el 2017, sin dar tregua a la oposición. La voluntad de diálogo no existe ni por asomo. La fallida gestión del Secretario General de Unasur Ernesto Samper, ya próximo a cumplir su lánguido mandato, y la de los complacientes expresidentes Rodríguez Zapatero, Torrijos y Fernández, ha evidenciado que no existe talante democrático alguno en el gobierno, pues para la oposición dialogar no puede significar una adhesión sin condiciones. Ahora se comenta de la mediación del Papa Francisco, ante lo cual la Iglesia destaca como condición que haya disposición de las partes de acordar reglas, y aludiendo al gobierno, dejar de lado posiciones irreductibles que tienen el juego trancado. Por su parte, el Presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, Monseñor Diego Padrón, ha reafirmado que es necesario permitir el referéndum revocatorio, y que el gobierno libere presos y rectifique ante la intensificación de las persecuciones políticas.
Siendo casi imposible que el referéndum revocatorio se realice este año, el país no puede permanecer de brazos cruzados, sino que tendrá que desplegar estrategias unitarias hacia la movilización de calle de las mayorías para enfrentar a un régimen deslegitimado. La oposición no debe tampoco limitar las opciones al revocatorio, sino contemplar estrategias como la eventual convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, o la activación de la desobediencia cívica no violenta ante las decisiones inconstitucionales del régimen, ello apoyado en preceptos legales vigentes. Con esta postura, defendida por María Corina Machado y otros dirigentes me identifico como alternativa válida, complementaria con cualquier otra, pero necesaria en el corto plazo.
El país confía en que pese a la adhesión de la cúpula militar a este deplorable estado de cosas, la institución armada abra los ojos, y se dé cuenta que el régimen le ha dado poder, laxitud en muchos negocios, y los involucra en gestiones de gobierno, entre ellas en el exiguo suministro de alimentos y en el control de puertos, para involucrarlos y hacerles saber que el fracaso no es de Maduro y su gobierno, sino que el caos es compartido. No obstante, aflora la disidencia de algunos oficiales que colaboraron con Chávez, como también de algunos ex ministros, como también se escuchan algunas expresiones más conscientes de altos oficiales, en el sentido de que el papel que el país espera de las FFAA no es el ejercicio de la represión o la fuerza contra las fuerzas de la disidencia democrática.
Otras cosas ocurren en el mundo, que ofrecen a Venezuela una luz de esperanza después del largo silencio cómplice de la comunidad internacional, entre ellas las posiciones de los gobiernos de Argentina, Brasil, Paraguay y Perú ante la crisis; reacciones más firmes en el Congreso de los Estados Unidos, el Parlamento Europeo, la OEA bajo Almagro y en otras naciones de la región, las cuales asumen que el totalitarismo y las bayonetas no pueden cerrar el paso a un amanecer democrático en Venezuela. De otra parte, al cierre de estas líneas se conoce que el pueblo colombiano se inclinó por el NO en el plebiscito sobre los términos del acuerdo de paz de La Habana con las FARC. Ello implicará, como ya lo anunciaron las partes, la búsqueda de entendimientos en torno a algunas condiciones que no fueron halladas aceptables por la mayoría, lo cual no dudo permitirá construir bases sólidas, compartidas por la sociedad y perdurables, pues el país entero participa de un sincero anhelo de paz. No obstante, para el oficialismo venezolano y la ultraizquierda latinoamericana el resultado es quizás un revés, pues imaginaban que las FARC lograrían con estos acuerdos la modificación del modelo político, económico y social de Colombia, y la construcción de una Gran Colombia guiada por los postulados del Socialismo del Siglo XXI, modelo que fracasó en Venezuela de una manera estrepitosa, como ha sido la constante en todos los países en los cuales se ha intentado. Por el contrario, Colombia encontrará una senda de paz justa, democrática y socialmente responsable, para regocijo y merecimiento de sus habitantes, del mundo entero y de las nuevas generaciones.
“Para la verdad, el tiempo; para la justicia Dios”