Caracas amaneció este miércoles tomada por familiares de reclusos de varios centros del país que denunciaron la grave situación que se presenta en la Penitenciaría General de Venezuela (PGV), actualmente rodeada por efectivos de la Guardia Nacional, quienes impiden pasar alimentos, ni siquiera agua o medicinas, a unas 800 personas que se encuentran en su interior desde la visita realizada el martes de la semana pasada.
Nota de prensa
A la protesta se sumaron familiares de instituciones penitenciarias ubicadas en Caracas, San Juan de los Morros, Valles del Tuy, Valle de la Pascua, Altagracia, Valencia, Maracay, Calabozo, Aragua, El Sombrero, entre otras.
Un grupo de familiares se concentró a la altura del liceo Fermín Toro, en el centro de la capital, luego de entregar un documento en el ministerio de la Secretaría de la Presidencia; otro se reunió con integrantes de la Comisión Permanente de Cultos y Régimen Penitenciario de la Asamblea Nacional y un tercero se apostó a las puertas del ministerio para el Servicio Penitenciario, en El Rosal, a cuya titular, Iris Varela, hacen responsable de la situación.
Contaron que todo empezó el martes pasado. Cuando terminó la visita, los familiares comenzaron a retirarse, pero al darse cuenta de que el centro estaba siendo tomado por la Guardia Nacional sin que se hubiera presentado ningún hecho irregular, unas 800 personas, entre ellas mujeres, niños y personas mayores, decidieron quedarse para proteger a los internos.
“Nos dijeron que había una orden presidencial para hacer lo mismo que hicieron en El Rodeo, y eso es lo que se quiere evitar, que haya una masacre. La PGV está rodeada por la GNB. Los familiares se quedaron por voluntad propia, no están secuestrados. No han podido salir porque la GNB les cerró las puertas, pero al mismo tiempo les dijeron que si no salen van a entrar con las tanquetas. Lo que quieren es tomar el penal. Les cortaron el agua, la luz y el gas. No permiten que les pasen comida, agua ni medicinas. Hay una niña diabética que necesita insulina y no permiten que se les pase”, contó una de las participantes en la protesta, que pidió no ser identificada.
Una de las mujeres, con evidentes muestras de golpes en su rosto, contó que les han lanzado bombas lacrimógenas y perdigones, y que les han quitado los teléfonos celulares para que no queden registros de los vídeos y fotos que han tomado. Aseguró que ella no ha sido la única maltratada por la Guardia Nacional. “A una mujer embarazada le partieron la cara y un brazo, y tiene un hematoma grandísimo en la barriga. A una niña de 15 años también le partieron el brazo”.
La señora Ofelis Núñez refirió que entre ese grupo de personas hay 10 niños que ya presentan signos de desnutrición. “También hay mujeres embarazadas, ya hay dos que han dado a luz adentro del recinto penitenciario. No contamos con el servicio de la comida, nos cortaron el agua, la luz, el gas, o sea, adentro del recinto están sucediendo muchas irregularidades. Por eso hacemos un llamado al gobierno nacional, al gobernador, al presidente y a todos los ministerios de Venezuela”.
“Nadie se ha abocado a decirnos qué es lo que pasa allí. Lo que quieren es una masacre. ¿Cuál es la paz que ustedes pregonan, si esos niños se están muriendo de hambre y de sed?”, cuestionó, por su parte, Sandra Jara, quien fue apoyada por otras mujeres que coreaban a su alrededor “no a la masacre” y “queremos paz”.
“Vamos a hacer una mesa de dialogo, para ver cuál es la solución. Ya nosotros venimos de una lucha de La Planta, venimos de El Rodeo, desde Yare a San Juan. ¡Ya basta! Nada más vean por esos niños, las madres, las viejitas que necesitan sus medicinas. Se lo pedimos por favor, de corazón, con al alma, vamos a dialogar y ver qué solución se le puede conseguir a esto”, agregó.
Rosa Franco señaló que su hijo, uno de los internos de la PGV, está deshidratado y ya no puede caminar, pero no le permiten llevarle agua ni comida. Asimismo desmintió al gobierno, que alega que son los “hermanos” (grupo religiosos) los que quieren cometer una masacre. “Eso es mentira, porque ellos lo que prestan es beneficencia.
Cuando él (el presidente Maduro) los necesita en las elecciones, pone mesas en el penal para que los presos voten, entonces ¿por qué hoy van a tomar una represalia con ellos con una masacre? ¿O es que no tienen hijos, ni padre, ni madre? ¡Mi hijo se me está muriendo allá adentro y no encuentro cómo pasarle la comida ni los medicamente a mi pobre muchacho!” dijo con voz ahogada por las lágrimas.
“Iris Varela es la única que puede buscarle solución a esto. Que dé la cara, que dé la cara, que no se esconda”, clamó.
Helena Flores denunció la situación que se viene presentando en la población de El Sombrero, en Guárico, donde los efectivos del Cicpc “se meten a las casas y al primer hombre o muchacho que encuentran les siembran y se los llevan presos”. Aseguró que así les ocurrió a su hijo y a un sobrino de 15 años.
Cecilia Romero le hizo un llamado al Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, para que se ocupe de que sean respetados los derechos que tienen los reclusos. “Ellos también son pueblo, un pueblo preso, pero también pueblo, y tienen derecho a la vida. Ellos (los guardias) nos agreden, violan los derechos humanos, violan la Constitución, y lo único que dicen es que son órdenes presidenciales. ¡Maduro, tócate el corazón, vale!”
“No todos los reclusos son culpables, pero aunque lo sean merecen justicia. Los fiscales solo acusan, pero no investigan. Estudian para tener un título que les permita llegar a magistrados para ser títeres del gobierno. La responsable de esta situación es la ministra Iris Varela, el ministro de Defensa (Vladimir Padrino López) y el presidente, por no estar pendiente de supervisar a sus ministros”, indicó, por su parte, Esther Suárez.
