La reciente decisión del Consejo Nacional Electoral de suspender el proceso de recolección del 20% de las firmas necesarias para convocar un Referendo Revocatorio contra Nicolás Maduro, no solamente es un Golpe de Estado, como ya se ha dicho suficientemente, sino algo mucho peor: es una Declaración de Guerra.
El gobierno, que se sabe perdido en el terreno electoral, que conoce las encuestas y está suficientemente enterado de que no goza del apoyo popular, y que, por el contrario, tiene un enorme rechazo que ronda más del 80%, ha decidido tomar al atajo de la ilegalidad, violando expresas disposiciones contempladas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para tratar de evitar lo inevitable: la terminación de este régimen opresivo y corrupto, que no solo ha dilapidado la mayor riqueza que haya conocido el país en los últimos cien años, sino que ha menoscabado la calidad de vida de 30 millones de venezolanos, obligándolos a vivir en la miseria y el desconcierto.
Maduro ha decidido poner sobre la mesa su última carta. La jugada, por cierto, huelga decirlo, ha sido burda y torpe. Ordenar a seis jueces penales del interior del país, la mayoría de los cuales muy seguramente son provisorios, recién graduados, y activos militantes del PSUV, que dictaran sendas sentencias anulando la recolección del 1% de las firmas (proceso ordenado, avalado y aprobado por el CNE, según lo declaró la propia Tibisay Lucena el 1 de agosto de 2016) es la cosa menos inteligente que se les ha podido ocurrir. Estadísticamente hablando, la posibilidad de que seis tribunales produzcan el mismo día, a la misma hora, la misma decisión, es la cosa más improbable que existe en el mundo. Eso sólo puede pasar en Venezuela, donde el 70% de los jueces no son titulares, son activistas del partido de gobierno y acatan las órdenes que el partido gobernante, a través del TSJ, les indica.
El gobierno de Maduro hizo todo lo que políticamente podía hacer para impedir el referendo: 1) inventó una recolección del 1% de firmas que no estaba contemplada en la Constitución; 2) anuló el 34% de las firmas recolectadas por la oposición; 3) obstaculizó la validación del 1% reduciendo el número de máquinas y centros; 4) eliminó la firma de destacados dirigentes políticos opositores; 5) Durante la validación, ubicó mesas y centros en los lugares más distantes, donde menos votantes había; 6) retardó la aprobación de la recolección del 20% durante poco más de 140 días; 7) aprobó apenas el 12% de las máquinas y el 10% de los centros de votación para la recolección del 20%; 8) redujo el horario de recolección del 20% a tan sólo 7 horas diarias; 9) aprobó que la recolección del 20% de las firmas se hiciera por estados, olvidando que se trata de una circunscripción nacional y 10) anunció que no habría referendo este año sino el primer trimestre de 2017.
A pesar de todo eso, el entusiasmo y la disposición de la gente para acudir a firmar los días 26, 27 y 28 de octubre se mantuvo intacto. Las encuestas señalaban que 67% de los electores estaba dispuesto a estampar su rúbrica para solicitar el Revocatorio contra Maduro. Las estimaciones más conservadoras señalaban que no menos de 6 millones de personas colocarían su huella en las máquinas del CNE. La rectora Socorro Hernández informó que de acuerdo con los cálculos del organismo comicial, 51 personas por hora podrían participar durante el proceso de recolección del 20%. Aplicando una simple multiplicación (mucho más sencilla y menos complicada que el método aritmético matemático del Ministro González López) el cálculo de la rectora Hernández indicaba que si todo salía bien, unos 5 millones 774 mil 832 venezolanos habrían podido firmar durante tres días. Vicente Bello, vocero de la MUD, hizo una estimación un poco más optimista (yo diría que un poco exagerada) y dijo que cada una de las máquinas podía atender perfectamente hasta 81 personas por hora. Según las estimaciones de Bello, y aplicando la misma operación (81 X 21 X 5.392) el resultado obtenido era de 9.171.792 personas firmando, es decir, casi el triple de lo necesario.
Como puede observarse, los dos escenarios, el catastrófico del CNE y el optimista de la MUD, indicaban que la oposición sí iba a lograr (y a superar con creces) la meta de recoger más de las 3.829.329 firmas que exigía el artículo 72 de la Constitución para activar el Referendo Revocatorio. Así las cosas. Maduro prefirió no exponerse. El resultado del proceso de recolección lo habría dejado muy mal parado tanto nacional como internacionalmente. Fue por esa razón que Maduro decidió darle una patada a la mesa y activar su Plan B (que en realidad parece haber sido su Plan A) el cual consistía en utilizar al Poder Judicial (esta vez mediante seis tribunales penales de igual número de estados, en lugar de alguna de las salas del TSJ) para impedir que el Referendo Revocatorio no solamente se pudiera hacer este año 2016, sino también en el primer trimestre de 2017.
Con la decisión del CNE, hemos pasado del Golpe de Estado, consumado a través de sucesivas sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, a una Declaración de Guerra. Maduro no quiere referendo. No quiere elecciones regionales. No quiere diálogo. Lo único que quiere es que lo dejen ser Presidente hasta el infinito y más allá.
Los partidos políticos que integran la Mesa de la Unidad y los sectores democráticos que no militamos en ninguna organización política, pero que también queremos salir a cómo de lugar del nefasto régimen de Maduro, debemos entender al pie de la letra lo que realmente significa la decisión del CNE de suspender hasta nuevo aviso el proceso mediante el cual se estaba activando el Referendo Revocatorio. Esto, señoras y señores, es una Declaración de Guerra. Impedir que el pueblo venezolano se exprese mediante una consulta popular, cerrar la única salida pacífica, democrática y constitucional que teníamos a la mano para sacar del Poder al Presidente más inepto que ha existido en la historia democrática venezolana, es eso: una Declaración de Guerra.
Maduro quiere llevarnos al terreno de la violencia. El ex chofer del Metro de Caracas quiere que salgamos a quemar cauchos y a incendiar el país por los cuatro costados para luego sacar de los cuarteles a los militares y policías adoctrinados, ideologizados e idiotizados con el cuento chino del socialismo del siglo XXI y la guerra asimétrica de cuarta generación para que disparen y maten a todo aquél que osadamente exprese y critique a este régimen comunista y opresor. En el terreno de la violencia, y de la lucha cuerpo a cuerpo, los demócratas tenemos la batalla perdida. Nunca una bandera tricolor ha podido más que una bala.
Visto así, la respuesta que los sectores democráticos del país deben dar a la declaración de guerra de Nicolás Maduro, tiene que ser demoledora. En mi modesta opinión, la respuesta la tiene que dar el país entero, mediante acciones de calle, multitudinarias y permanentes. Pero hay otra respuesta, también contundente, que está en manos de la Asamblea Nacional. Los diputados electos el 6 de diciembre de 2015 están en la obligación de responder a la agresión de que ha sido objeto el pueblo de Venezuela. La AN es un poder legitimado y reconocido internacionalmente. La Constitución da a la AN las armas legales para combatir y enfrentar a la tiranía.
Una primera respuesta, asomada ayer por Henry Ramos Allup, presidente de la AN, es aprobar el informe que determinó que Nicolás Maduro tiene doble nacionalidad y que, por lo tanto, no puede ser Presidente de Venezuela. Maduro ha desconocido a la AN desde el 5 de enero de 2016. Pues bien, llegó la hora de que la AN desconozca a un Jefe de Estado electo y proclamado con trampas y que, de paso, no nació aquí. La AN debe también declarar al gobierno de Maduro como lo que es: un Narcoestado. Las pruebas que hay en los teléfonos celulares, laptops y tabletas de los dos sobrinos de Cilia Flores que están siendo juzgados en Nueva York, son más que suficientes para concluir que este gobierno está plagado de sicarios y narcotraficantes.
La AN debe activar los mecanismos para destituir a todo el Gabinete Ejecutivo de Maduro, por ineptos, corruptos e incapaces. Debe también solicitar la inmediata destitución de todo el alto mando militar, sobre todo de los generales que han sido acusados de tener vínculos con el narcotráfico internacional. Y algo muy importante: debe apurar y hacerlo cuanto antes, la designación de los nuevos rectores del CNE, tal como lo establece la Constitución, antes que la Sala Constitucional del TSJ también le quite, mediante otra sentencia írrita, esa potestad constitucional.
Es la AN, la que debe producir la respuesta de todo un país frente a un gobierno que ha dado un Golpe de Estado y que ha emitido una Declaración de guerra. Llegó la hora de la verdad. Se acabaron los trailers. Comenzó la película. Mientras los ciudadanos tomamos las calles, para protestar democrática, pacífica y constitucionalmente, ustedes deben demostrar que están hechos del tamaño del compromiso que exige Venezuela. Basta de agendas ocultas. Basta de cálculos políticos. Paren sus campañas presidenciales. El país nacional quiere ver a sus diputados resteados con Venezuela y no peleando por una gobernación o una alcaldía. Si logran el objetivo, la patria se los premiará. De lo contrario, os lo demandará.
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