La Asamblea Nacional (AN) se plantea en su “Acuerdo en Defensa de la Constitución, la democracia y los Derechos Humanos” determinar “la situación constitucional” del presidente Nicolás Maduro. De acuerdo con los parlamentarios opositores, esto consistirá en definir si el mandatario nacional atentó contra lo establecido en la Carta Magna y si incumplió con sus obligaciones, reseña El Nacional.
Si hay una evaluación negativa de las acciones del jefe de Estado resultaría en tres posibles consecuencias para él, todas ellas legales y que podrían iniciarse este martes desde el hemiciclo de sesiones del Palacio Federal Legislativo.
1. Declarar la falta absoluta del presidente
El abogado Juan Manuel Raffali explicó que el Poder Legislativo puede declarar la falta absoluta de Maduro. Detalló que si bien él no ha dejado su cargo al irse definitivamente del país, se puede calificar de abandono cuando no le garantiza a los venezolanos la estabilidad de sus Derechos Humanos.
El artículo 233 de la Constitución establece que la AN puede declarar la falta absoluta del presidente de la República en su cargo. Esto llevaría a su destitución, para luego ceder el cargo temporalmente al presidente de la Asamblea Nacional y se llamarían a elecciones. Aunque, si este proceso se extiende a 2017, le tocaría asumir el cargo por el resto del periodo al vicepresidente Ejecutivo.
Para el jurista José Vicente Haro, el mandatario nacional ha irrespetado el numeral 1 del artículo 236 de la Constitución al no hacer cumplir lo establecido en las leyes. En este caso, considera que la aprobación de recursos y tratados mediante decretos es un ejemplo de ellos.
“Aparte, él prácticamente ha abandonado su cargo porque en sus políticas públicas no ha cumplido ni contribuido a solucionar las problemáticas que afectan a la nación”, acotó Haro.
2. Declarar la responsabilidad política
De acuerdo con el artículo 222 de la Constitución Nacional, la AN tiene la potestad de “ejercer su función de control” mediante investigaciones e interpelación a cualquier funcionario público en ejercicio de su cargo. En caso de hallarse una irregularidad o una falta en sus deberes, se declara la responsabilidad política.
Haro explicó que la responsabilidad política podría conllevar luego a la destitución, aplicable incluso al presidente Maduro. Sin embargo, para llegar a esto es necesario que pase por el Consejo Moral Republicano -Poder Ciudadano- y la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Puntualizó que el proceso se llevaría en tres etapas:
a) El Parlamento debe conformar una comisión de legisladores que realice las averiguaciones. Luego, se debate y somete a votación en sesión parlamentaria.
b) Una vez aprobado el documento debe ser remitido al Consejo Moral Republicado (Poder Ciudadano).
c) Cuando el Consejo ratifique los delitos, debe solicitar el enjuiciamiento a la Sala Plena del TSJ, que decide si lo acepta y se descarta o sentencia su destitución.
“Dentro del juicio por responsabilidad política puedes contemplar que se quebranta el orden constitucional al aprobar sin consentimiento del Legislativo los decretos de Estado de excepción o el Presupuesto Nacional. Además, también están las limitaciones para activar el referéndum revocatorio”, explicó Haro.
El juicio político o impeachment no existe en Venezuela
Los dos abogados coincidieron en que si bien se puede calificar de juicio el procedimiento que realizarían los parlamentarios, negaron que pueda considerarse similar al juicio político o impeachment realizado contra la presidente Dilma Rousseff en Brasil.
El término “juicio político” fue el empleado por el jefe de la bancada parlamentaria de la oposición, Julio Borges.
“Hoy comienza una sesión que culminará el próximo martes, que discute un tema muy serio, y es el inicio de un juicio político contra el presidente Nicolás Maduro para ver cuál es su responsabilidad en la ruptura constitucional que ha atentado contra la democracia, los Derechos Humanos y el futuro del país”, aseguró el pasado domingo durante la sesión en la cual se aprobó el acuerdo para “restablecer el hilo constitucional”.
AN usará los instrumentos necesarios para restituir la Constitución
La legisladora Mariela Magallanes informó que desde este lunes comenzó a sesionar una comisión de legisladores que evalúa con cuál herramienta que les permite la Constitución responderán a las acciones del Ejecutivo Nacional.
“Maduro no está cumpliendo con sus funciones como presidente y nosotros estamos evaluando el incumplimiento de ellas y nuestra respuesta (…) A través del TSJ ha usurpado las competencias del Parlamento, como ocurre con la aprobación de contratos de orden público”, señaló.
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