El presidente de México, Enrique Peña Nieto, anunció hoy el relevo de su fiscal general, Arely Gómez, un puesto cuestionado por el manejo de la investigación del caso de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014 y la reciente fuga de un gobernador y un exgobernador acusados de corrupción.
EFE
El comunicado en que la Presidencia informó de la decisión del gobernante se produjo poco después de que el mandatario hiciera una férrea defensa de su gestión (2012-2018) en un acto público en el que llegó a afirmar que ningún gobernante se levanta pensando en “cómo joder a México”.
Al anunciar la salida de Gómez de la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía), la Presidencia indicó que el mandatario la va a proponer al Senado como secretaria de la Función Pública, un puesto que está vacante desde julio con la salida de Virgilio Andrade.
De ser ratificada, Gómez deberá “implementar el Sistema Nacional Anticorrupción en conjunto con las todas las autoridades del país y de la mano de la sociedad civil”.
El mandatario planteará también al Senado que el cargo de fiscal general sea ocupado por el senador con licencia Raúl Cervantes, del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI). Si lo ratifica el Senado, Cervantes deberá “generar el modelo” para que la PGR “sea efectiva y moderna”.
Mientras recibe el visto bueno del Senado, Cervantes fue designado Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR para que realice “las funciones como encargado de dicha Procuraduría”.
La titularidad de la PGR ha sido uno de los blancos de las mayores acometidas contra la actual administración.
Gómez sucedió en 2015 como fiscal general a Jesús Murillo, que dejó el puesto en medio de las críticas a la forma en que investigó la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela para maestros de Ayotzinapa (estado sureño de Guerrero), ocurrida en septiembre de 2014.
A su vez, algunos sectores responsabilizan a Gómez de la reciente fuga del exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés (del Partido Acción Nacional) y del gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte (PRI), acusados ambos de corrupción.
A Padrés, contra quien hay una orden de búsqueda y captura en 190 países dictada por Interpol, se le acusa del delito de defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita por más de ocho millones de dólares a través de una empresa fachada con sede en Holanda.
A Duarte se le acusa de tener, utilizando nombres de familiares y conocidos, 25 propiedades en México y fuera del país valoradas en unos 159 millones de dólares.
Ya han sido detenidas dos mujeres presuntamente ligadas a “empresas fantasma” vinculadas con lavado de dinero que obtuvieron contratos del gobierno de Duarte, aunque la PGR busca a otras siete personas.
Entre 2012 y 2013 desaparecieron del erario veracruzano unos 34 millones de dólares a través de esas operaciones y la Auditoría Superior de la Federación asegura que en el periodo 2011-2013 hay 1.876 millones de dólares pendientes de justificar en Veracruz, un estado con una deuda pública de 2.754 millones de dólares.
Antes de anunciar el Gobierno el relevo en la PGR, Peña Nieto participó este martes en la capital mexicana en el foro “Impulsando a México”, en el que defendió su labor gubernamental.
“Nadie despierta, un presidente no creo que se levante, ni creo que se haya levantado pensando, y perdón que lo diga, (en) cómo joder a México. Siempre han pensado en cómo hacer las cosas bien para México”, indicó en su intervención.
Ante un auditorio formado mayoritariamente por empresarios, dijo que no le gusta caer en “autocomplacencias” y que es “el primero en reconocer fallas, errores, desaciertos”, pero también en admitir los “avances y logros” que ha tenido su gestión.
Recordó que “México viene creciendo económicamente, no en las tasas ni en el ritmo que eventualmente” él hubiese querido, “pero ya contrasta frente a otras naciones que, al contrario, han tenido desaceleración”.
En su gestión, prosiguió, se han dado “importantes transformaciones” en materia de “fortalecimiento a las instituciones democráticas”, de “ampliación de derechos a los mexicanos” y “reformas que, sin duda, van a permitirle al país, en lo económico, tener un mayor desempeño y un mayor desarrollo”.
“Vamos en buen camino. Vamos en buena ruta”, enfatizó Peña Nieto, cuya labor es desaprobada por 74 % de los mexicanos y cuenta sólo con el apoyo de 23 %, según uno de los últimos sondeos realizados sobre su popularidad, por el diario Reforma, en agosto pasado.
La valoración fue siete puntos porcentuales peor que la registrada el pasado cuatrimestre y situó a Peña Nieto como el peor valorado desde el mandato de Ernesto Zedillo (1994-2000).
La encuesta fue realizada días antes de la vista a la residencia presidencial de Los Pinos del candidato republicano a la Casa Blanca Donald Trump, que parte de la opinión pública consideró una afrenta al país.