Nadie ignora, porque las barbaridades contra la Constitución han sido muchas, graves y escandalosas, que el gobierno ha dado un golpe contra el Estado. Primero, impuso un ilegal toque de queda electoral durante el 20016 valiéndose de su control sobre el TSJ, el CNE y la Fuerza Armada. Segundo, quiere derrocar por la fuerza a la Asamblea Nacional. Tercero, ha anulado el principio del pueblo fuente de la soberanía.
La cúpula gubernamental fabricó un falso positivo judicial con los diputados de Amazonas y la representación indígena del sur. Suspendió su proclamación sin pruebas ni verificación de las supuestas incidencias en los resultados dados por buenos por el CNE, porque esa tropelía permitiría despojar a la oposición de su mayoría calificada y mantener una pena genérica, inexistente en nuestro derecho, para anular sine die y genéricamente todas las decisiones de un poder público que es expresión directa y legítima de la voluntad de los venezolanos.
Es falso que la iniciativa para convocar al referendo comenzará tarde. La verdad es que el CNE retardó injustificadamente sus decisiones y apeló a todas las triquiñuelas para evitar que los ciudadanos puedan expresar su decisión de mantener o revocar a Maduro. No fue un problema de tiempo lo que también produjo la eliminación de la elección de Gobernadores que el CNE, por mandato constitucional, debe realizar en diciembre de 2016.
Nadie puede dudar que la puesta en marcha de una operación discursiva y propagandística de inversión de la realidad, recurso propia de los totalitarismos, ha intentado convertir la más descarada violación de la Constitución por parte del ejecutivo, coludido con el CNE y las Salas Electoral y Constitucional del TSJ, en un desacato del poder que está sufriendo esas violaciones y llamando al gobierno a recolocar sus actuaciones dentro de la Constitución.
El único elemento que hace falta para imponer un regreso al estado de naturaleza es el uso ilegal de la fuerza y de la violencia por parte de la organización que la debe monopolizar según la Constitución. El Ministro y el alto mando deben dar muestras de que su lealtad es con la Constitución y no con Presidente que perdió pueblo, legitimidad y legalidad.
Nuestra Fuerza Armada es un factor fundamental para decidir si el país toma el camino del diálogo o el de la desaparición progresiva de la democracia y el Estado de Derecho. Un gran dilema cuya respuesta deben formular, civiles y militares, antes del próximo 3 de noviembre.
@garciasim