“Mi mamá vive en un barrio donde hay muchos problemas. Están matando a mucha gente, por eso yo salgo todos los días a la calle para alejarme de eso. Muchos de los que conozco tienen que vivir en las calles, piden, buscan comida en la basura y así se pasan el día”, esa es parte de la historia de José, un adolescente de 15 años, quien viene de un hogar disfuncional donde no se le garantiza su derecho al estudio o a la alimentación.
Él no es un caso aislado como otros tantos que deben recurrir a casas de acogida para intentar salir de esa realidad.
José asiste diariamente al Programa Patio Abierto de la Casa Don Bosco, en Sarria, Caracas, donde su principal motivación es tener garantizado al menos un plato de comida.
El director general de la Red de Casas Don Bosco, Leonardo Rodríguez, señala que desde mediados de 2015, la cantidad de jóvenes que acuden al centro buscando refugio ha aumentado.
“Diariamente estamos capacitados para recibir a 10 ya que, no contamos con mayores recursos en el centro, pero ya se está haciendo común que el número aumente a diario. Para nadie es un secreto que la situación económica en Venezuela está afectando este tipo de iniciativas sociales”.
Rodríguez explica que muchos de los jóvenes que se acercan tienen la intención de buscar alimentos, no con la idea de salir de la calle.
“Observamos con preocupación que la conducta de estos adolescentes es más violenta. Detrás de su situación hay hambre, consumo de drogas como la heroína, redes de prostitución y delincuencia”.
Asegura que se ha reunido en múltiples ocasiones con la viceministra para la Suprema Felicidad, Carolina Cestari, y la gerente del Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (Idena), Luisaura Ravicini, autoridades en materia de protección a la infancia, para exponerles las serias dificultades por que atraviesan unas 86 casas de organizaciones no gubernamentales que están en peligro de cierre, donde se atiende a una población de 4 mil 077 niños y que no pueden cubrir la cuota de alimentos y hasta medicinas básicas, las cuales son necesarias para continuar con su funcionamiento.
“La respuesta ha sido la misma: negar el problema, trasladar culpas a la llamada guerra económica y no ofrecer una salida. Al solicitar la intermediación de la Defensoría del Pueblo la respuesta no ha sido positiva. El estado se ha venido desentendiendo de la situación”, advierte.