Cuando uno observa actitudes como las de Nicolás Maduro, adoptando poses de gran pacificador ante personalidades especialmente convocadas presuntamente para mediar frente a un conflicto que como en el caso de Venezuela impiden el funcionamiento institucional del país, y las compara con la contrastante imagen agresiva contra un sector de la oposición, que ofrece apenas un día después de lo que muchos catalogan como vil show especialmente montado para la foto que harán circular por todo el mundo, inevitablemente llegamos al convencimiento de que el Presidente no está en sus cabales. Necesita un psiquiatra verdadero, no como Jorge Rodríguez.
Y situaciones como la brevemente descrita, muy comunes en estos “pregoneros gubernamentales de la paz”, no extrañan hoy día a la población; y de allí que una gran proporción de venezolanos expresen sus dudas y temores cuando se les llama a facilitarle una tregua al agonizante régimen.
Por tales razones, y con estricto apego a la búsqueda de salidas pacíficas e institucionales a la crisis que afecta al país, no podemos dejar de pensar que ya viene siendo hora de ir pensando en la necesidad de evitar seguir designando funcionarios de elección popular, de la manera como lo hemos venido haciendo. Es decir, a ciegas. Porque si bien es cierto que en cualquier institución, pública o privada de cierta categoría, existen exigencias y requerimientos indispensables para el ejercicio de los cargos que hacen posible su eficiencia, y en muchas de ellas su alta rentabilidad, nos encontramos también con el hecho cierto que estas condiciones no son corrientemente aplicadas en Venezuela cuando se trata de elegir para cargos de la importancia del Presidente de la República, gobernadores de estados y alcaldes, como tampoco para empresas de la importancia estratégica económica como Pdvsa y empresas básicas, entre otras.
Podemos pensar que esta es una de las principales fallas predominantes en muchos países y, en lo que nos corresponde, de nuestro sistema democrático, que deberíamos abordar entre las necesidades de un profundo cambio del modelo Estado que reclama la población para un futuro que parece muy próximo, y lo cual nos permitiría, entre otras, evitar la elección de minusválidos mentales, físicos y oficiantes sin ninguna preparación para ocupar los importantes cargos conferidos.
El mundo, y particularmente el continente americano y nuestra región, tienen una larga lista de mandatarios que personifican una situación como las que nos ocupa en este artículo. Personajes que lejos de las dotes de estadistas que deben demostrar para ocupar tan altas posiciones, basan su poder generalmente dictatorial en muchos casos en la permisividad, complacencia y complicidad de sus estamentos militares y cuerpos represivos; pero además exhiben intolerantes excentricidades que se manifiestan a través del despilfarro de los recursos de las naciones, desafuero y de un populismo que los lleva al extremo de la auténtica ridiculez. La historia nos enseña, por otra parte, que estos personajillos y sus secuaces no logran perpetuarse por los años que se proponen y que, al final, los pueblos oprimidos se las cobran.
Los venezolanos tenemos como referencia cercana, casos como el del presidente ecuatoriano Abdalá Bucarán, quien pese a su formación como político y abogado, pudo mantenerse en el poder por apenas siete meses entre los años 1996 y 1997, debido a las excentricidades que lo impulsaban al ridículo en público al que pensaba ganar con sus pretendido talento para la música. Él, al igual que como ocurre con la persona que todos conocemos en Venezuela, quería mostrarse en medio de la crisis económica que afectaba a su país, como gran cantante y bailarín. Contra el mandatario existía toda una serie de acusaciones de peculado que levantaron una ola de protestas que culminaron tras la decisión del Congreso de Ecuador de destituirlo por “Incapacidad Mental para Gobernar”
Y de derroches y extravagancias fue acusada en su momento esa amiguita de los bolicomunistas venezolanos, la ex presidenta argentina Cristina Kirchner, quien según la prensa de su país, no ocultaba sus vanidades y gustos por coleccionar finos zapatos y accesorios como cadenas, relojes y pulseras de las más prestigiosas marcas. Según denuncias, la mandataria gastó más de 110 mil dólares en calzado y otras menudencias para su ornamentación personal, durante una visita a la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Los juicios que ahora se le siguen por corrupción ratifican una de las características mencionadas.
Otra joyita en cuanto a cuestionamientos por gastos suntuosos en Latinoamérica es el presidente de México, Enrique Peña Nieto, a quien se le atribuye la posesión de una multimillonaria residencia y un avión, un Boeing Dreamliner 787, considerado como uno de los más lujosos del mundo que, según fuentes periodísticas de su país, costó 580 millones de dólares. Un tipo de aeronave que no se gasta ni el propio presidente de Estados Unidos.
Y también hablando de lujos y extravagancias, no quedan muy atrás presidentes llamados de izquierda, como el indígena Evo Morales, y el dictador cubano Raúl Castro, de quienes se afirma han recibido los favores del régimen venezolano al otorgarle costosos aviones para sus “importantes” desplazamientos por la región y el mundo en búsqueda de la “igualdad y la justicia social de los pueblos” Y sobre estos pecadillos, ni hablar de nuestro Presidente, basta con revisar su comportamiento botarata con lo que no le pertenece y de incansable bailarín mientras el pueblo padece de todas las penurias.
Por eso es por lo que volviendo al punto de partida del planteamiento, pensamos que ante la experiencia venezolana de elegir Presidente de la República a un enfermo terminal y a un sucesor con sospechosos rasgos de carencias mentales, entre otras que demuestran su ineptitud para el importante cargo que hoy ejerce, se plantea la necesidad de una ley que contemple la obligación de someter a todos los candidatos a ocupar cargos electivos a exámenes físicos, psiquiátricos y psicológicos; pero que además, al momento de oficializar sus candidaturas ante la autoridad electoral, presenten sus respectivos certificados de buena conducta y antecedentes penales, así como declaración jurada patrimonial, experiencia en el manejo de asuntos públicos y, muy importante, como se le impone a cualquier trabajador que desee optar a un cargo, la presentación de su partida de nacimiento.