Un juez peruano ordenó que el expresidente Ollanta Humala deberá reportarse cada 30 días al juzgado como garantía de que no se fugará de Perú, mientras dure el proceso por lavado de activos que se le sigue.
El exmandatario enfrenta un proceso por lavado de activos que ascienden a 1,5 millones de dólares supuestamente enviados desde Brasil y Venezuela para su campaña electoral.
La decisión del juez Richard Concepción se produjo la noche del viernes, tras aceptar el pedido del fiscal Germán Juárez de comparencia restringida para Humala, que gobernó durante cinco años hasta el pasado 28 de julio.
Humala no podrá variar de domicilio y deberá pagar una caución de 50.000 soles (unos 15.000 dólares) como garantía de que acudirá a todas las citaciones y no se ausentará del país mientras dure el proceso, en el que también es investigada su esposa Nadine Heredia.
La audiencia judicial del viernes duró diez horas. El exmandatario, que no acudió a la sesión, estuvo representado por su abogado Julio César Espinoza, quien apeló la decisión. Humala ha negado siempre las imputaciones fiscales.
La fiscalía de lavado de activos los investiga debido al uso de 1,5 millones de dólares supuestamente enviados desde Venezuela y Brasil para sus campañas electorales de 2006 y 2011, que no fueron declarados. En ambos casos Humala fue candidato por el partido Nacionalista, que fundó con su esposa.
La tesis de la fiscalía peruana es que el dinero ilegal de Venezuela habría provenido del tesoro público de ese país durante el gobierno de Hugo Chávez, en tanto que en el caso de Brasil su origen estaría en las empresas Odebrecht y OAS.
La justicia peruana sanciona el delito de lavado de activos con penas que varían entre 8 a 15 años de prisión.
Humala llegó al poder en julio de 2011 prometiendo colocar en un burro y pasear en plazas públicas al funcionario que fuera sorprendido en actos de corrupción.