Tres funcionarios de la PNB y dos de Polivargas fueron detenidos y tienen medida privativa de libertad por la muerte del niño Víctor Manuel Lascón Arcaya, de 4 años de edad, quien recibió un tiro en la cabeza mientras dormía en su casa, el jueves de la semana pasada a las 9:55 pm en el sector La Jungla, Vista al Mar, Catia La Mar, en el estado Vargas, reseña El Nacional.
Lascón Arcaya murió el domingo pasado en el hospital Miguel Pérez Carreño. Al ser ingresado a ese centro asistencial los médicos de guardia diagnosticaron que tenía muerte cerebral. El proyectil se le alojó en el cráneo y le fue extraído durante la autopsia.
El niño era el segundo de tres hermanos. Miraida Romero, tía de la víctima, relató lo ocurrido. Dijo que su hermano Wilmer Romero, albañil, de 20 años de edad, resultó herido en el muslo derecho esa noche.
Explicó que los policías, que vestían de civil, comenzaron a disparar de manera indiscriminada en la calle, y Romero –para ponerse a salvo– saltó la reja de la vivienda; no obstante, fue impactado por una bala.
Miraida Romero aseguró que los vecinos no tenían conocimiento de los motivos por los cuales los funcionarios policiales abrieron fuego. “No sabemos a quién buscaban ni por qué disparaban”, dijo.
Una vez que la madre del niño se percató de que su hijo estaba herido en la cabeza salió con él en brazos a la calle en busca de ayuda y uno de los policías que disparó cargó al niño y en una moto lo trasladó al Hospital Periférico de Pariata, donde no lo pudieron atender debido a que no había insumos.
Ayer, a cuatro días del fallecimiento, el cadáver fue entregado a los familiares que no habían podido reclamar el cuerpo porque no contaban con los recursos económicos suficientes para los gastos de velatorio y sepelio. La tía de la víctima dijo que la Gobernación de Vargas donó la urna y los familiares lograron conseguir recursos para el resto de los gastos.
Odalys León, fiscal 1º del estado Vargas, imputó a los oficiales de la PNB, Antonio Barcelona, Agustín Carreño y Luis Piñango, además de los polivargas Roberto Mendoza y Andrés Zambrano, por el delito de homicidio calificado con alevosía. El Tribunal Cuarto de Control de Vargas les dictó medida privativa de libertad y el juez ordenó la reclusión en sus comandos.
Los imputados habrían alegado en su declaración que el sábado 11 de noviembre a uno de esos funcionarios lo despojaron de sus pertenencias en el sector La Jungla, barrio Vista al Mar, y el jueves siguiente se trasladaron hasta allí para tratar de recuperar lo que le habían sustraído al compañero. Fue entonces cuando se originó el tiroteo en el que uno de los proyectiles entró a la casa donde vivía el niño.