El abogado y defensor de Derechos Humanos (DDHH), Rafael Narváez rechazó lo que definió como el “caos judicial” en el que el Tribunal Supremo de Justicia ha envuelto al país a favor de una parcialidad política. “El deber ser de un TSJ es fortalecer los Derechos Humanos, pronunciarse por las adversidades que sufre la población y exigirle al Estado que abra un canal humanitario para que lleguen alimentos y medicinas al país”.
Para el jurista, las acciones llevadas adelante por el máximo tribunal del país solo buscan restringir los espacios de quienes exigen el derecho a vivir, a comer y estar en libertad. “Ha permitido que el Sebin pase por encima de los Poderes Públicos, al acusar sin ser fiscal y al incomunicar y condenar sin ser Poder Judicial, algo que es inaceptable”.
Hizo un llamado a los magistrados que integran el TSJ a reflexionar y rectificar sobre sus actuaciones. “Llamo al TSJ para que se reencuentre con las leyes y adquiera un poco más de cultura en cuanto al tema de los Derechos Humanos porque para mí, carecen de todo contenido en esa materia”.
“La gente está manifestando por falta de medicamentos y alimentos ante un Estado que no da respuestas, y sólo se consigue con un muro de regulaciones sin sentido que han levantado los magistrados para proteger a un gobierno tal como si fueran su apéndice político”, precisó.
Enfatizó que en Venezuela, las manifestaciones siempre han sido pacíficas y que de acuerdo con las cifras de la ONG Conflicto Social, entre enero y octubre han ocurrido 5.772 manifestaciones por falta de medicamentos, de productos básicos y por la inseguridad. “Protestas que son recibidas con represión, cárcel y balas por parte de los órganos de seguridad del Estado”.
Aseguró que máximo tribunal de la República toma decisiones “a la ligera” cuando prohíbe manifestaciones a través de la sentencia 948, lo que en su opinión, “mutila” la Constitución. “Nuevamente el TSJ decide cercenar mediante un acto arbitrario, un derecho constitucional consagrado el artículo 68 que le permite a los venezolanos manifestar en forma pacífica”.
Recordó además que entre otros excesos de los magistrados del TSJ se encuentra la resolución 008610, “resolución administrativa que colocaron por encima de la Carta Magna donde le permiten a los cuerpos de seguridad del Estado utilizar armas mortales para controlar el orden público”.
Por otra parte, saludó la puesta en libertad de Rosmit Mantilla y enfatizó que se pone en evidencia una vez más que no hay un Poder Judicial autónomo. “A raíz de una presión que existe por la Mesa de diálogo, es liberado este joven a quien no se le respetó el debido proceso y donde nunca hubo elementos de convicción para acusarlo y mucho menos para condenarlo”.