Delegados del Gobierno colombiano y las FARC se reunieron hoy en Bogotá para discutir la implementación del nuevo acuerdo de paz rubricado el pasado 12 de noviembre en La Habana.
EFE
Los pormenores de la reunión, que se extendió por varias horas, no trascendieron pero a través de un vídeo se conoció que participaron el jefe negociador del Gobierno colombiano, Humberto de la Calle, y el alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo.
Por momentos, al grupo se integró el facilitador de los diálogos Henry Acosta.
Igualmente aparecen el jefe negociador de las FARC, Luciano Marín Arango, alias “Iván Márquez”; Félix Antonio Muñoz, alias “Pastor Alape”; Luis Antonio Losada, alias “Carlos Antonio Lozada”; Jorge Torres Victoria, alias “Pablo Catatumbo” y Milton de Jesús Toncel Redondo, alias “Joaquín Gómez”.
En el vídeo, difundido por la oficina del Alto Comisionado para la Paz, se observa a los jefes guerrilleros, vestidos de civil, empleando manuscritos y computadores portátiles.
Desde que se iniciaron los diálogos de paz, en noviembre de 2012, es la primera vez que los negociadores se reúnen en Bogotá.
El Gobierno nacional y las FARC firmaron el pasado 26 de septiembre en Cartagena un primer acuerdo de paz luego de casi cuatro años de negociación en La Habana.
Sin embargo, el texto final fue rechazado por los colombianos en el plebiscito del 2 de octubre, lo que obligó a reabrir la negociación para incorporar propuestas de los promotores del “no” en esa consulta.
Finalmente, el 12 de noviembre se alcanzó un nuevo acuerdo y ahora se plantea la posibilidad de que la refrendación la haga el Congreso para proceder a implementarlo en su totalidad.
Antes de la reunión con las FARC, De la Calle pidió la unidad de los colombianos en torno al reciente pacto.
Los negociadores de paz del Gobierno se reunieron ayer en Bogotá durante seis horas con los líderes del “no”, encabezados por el expresidente Álvaro Uribe, y representantes de las víctimas para explicarles “en todo detalle el nuevo acuerdo”.
De la Calle subrayó la necesidad de implementar cuanto antes el acuerdo para impedir nuevos hechos de violencia que pongan en riesgo todo el proceso.